La organización agraria Asaja Córdoba continúa dando a conocer su recopilación de lo que ha calificado como "los disparates más absurdos" de la reformada de la PAC pues consideran que "fomenta la discriminación motivada por brecha digital y excluye a las personas con menores capacidades digitales".

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha explicado que diariamente se ven noticias en España y Europa sobre las medidas que deben adoptar las empresas, especialmente las entidades financieras, para humanizar la atención a los clientes especialmente a los de mayor edad o de entornos rurales. De esta forma, los grupos políticos del Gobierno impulsaron diversas medidas que se han visto plasmadas en la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica con el fin de contemplar, entre otros, los problemas asociados al uso de las nuevas tecnologías como instrumento o vía de acceso normalizado al mercado de bienes y servicios.

Teniendo en cuenta lo anterior, "es incomprensible que desde el mismo Gobierno que ha promovido esta ley se esté obligando a los agricultores y ganaderos a través de las nuevas reglas de la nueva PAC a tener que hacerlo todo de forma digital, máxime sabiendo que la edad media de los agricultores y ganaderos en España es bastante avanzada y que “la famosa brecha digital es más acentuada en el medio rural donde, en muchos casos, no hay ni siquiera acceso a internet”. 

Según un estudio del propio Ministerio de Agricultura, cita Asaja, el 91% de los agricultores y ganaderos de España tienen más de 40 años, en concreto el 53% tienen entre 40 y 65 años y el 38% del total tienen más de 65 años. 

A pesar de lo anterior, las reglas de la nueva PAC establecen que la mayoría de las obligaciones de los agricultores y ganaderos se tendrán que hacer de manera digital. Asaja enumera las más importantes, que  son las notificaciones electrónicas para todos los solicitantes PAC, tanto personas físicas como jurídicas, agricultores y ganaderos, que deberán disponer de dispositivos electrónicos donde tengan implantadas su firma digital para poder descargar esas notificaciones, para después enviarlas a las entidades que le tramiten la PAC.

Además, añaden controles por satélite–monitoreo, ya desde el año pasado entró en vigor este tipo de controles que obligan a los agricultores y ganaderos a tener dispositivos móviles de última generación donde deben descargar una aplicación para poder realizar fotografías georreferenciadas.

El Ministerio pretende, según Asaja, que, a partir del verano de 2023, todos los agricultores y ganaderos tengan la obligación de llevar un cuaderno digital donde apuntar las operaciones y tratamientos fitosanitarios cada 15 días, para lo que necesitaran equipos informáticos y programas de gestión con las tecnologías digitales más avanzadas. 

Como queda patente, Fernández de Mesa afirma que el Gobierno "aplica un doble rasero con los agricultores y ganaderos y ataca el sentido común y contradice la Ley 4/2022 porque, por un lado, pide en dicha normativa tecnologías sencillas y cuantas medidas se consideren necesarias para asegurar la atención presencial pero, por otro lado, con la reforma de la PAC, aplica tecnologías complejas e incompresibles y obliga a todos su perceptores, tenga la formación que tengan, la edad que tenga, y los medios que tengan, a utilizar herramientas digitales muy complicadas, para las que se necesitan equipos de última generación y una amplia formación, en zonas donde ni siquiera hay internet", critican.