Aqualia, empresa gestora del Servicio Municipal de Agua en Puente Genil, ha dotado a los contadores de unos sistemas especiales que detectan la presencia de un imán en los mismos, signo inequívoco de la existencia de un fraude, ya que los imanes perturban tanto el correcto funcionamiento del instrumento de medición como su precisión para medir los consumos. Según detalló ayer la empresa municipal, de manera periódica realiza campañas para vigilar, controlar y detectar posibles acciones fraudulentas de consumo de agua sin contador, lo que comúnmente se conoce como "enganches" sin autorización, y las posibles manipulaciones de los precintos o contadores con el objeto de falsear su lectura. El personal de Aqualia, añadió la empresa, inspecciona diariamente la red de abastecimiento para realizar este control. En el año 2017, durante estas inspecciones localizó 12 fraudes en todo el término municipal de Puente Genil, que se calcula que supusieron 16,4 millones de litros de agua defraudados, el agua que consumen 400 personas del municipio en un año.

"Esto es especialmente grave si se tiene en cuenta que el Servicio Municipal de Aguas es un sistema solidario en virtud del cual los perjuicios que generan unos afectan al bienestar y la calidad de quienes sí están al día en sus pagos", lamentaron desde la empresa municipal.

La instalación de los detectores de imanes se ha comenzado en Cañada de la Plata, y se continuará por Ribera de San Luis, pedanías de El Palomar y Sotogordo, urbanización Las Palomas, Ribera Baja, Puerto Alegre, La Mina, Huertos Familiares, y se finalizará en el casco urbano. En este caso, Aqualia registra en una aplicación qué contadores tienen instalado este sistema antifraude, y además revisa periódicamente el número de precinto con la finalidad de tener garantizada la integridad de la instalación y el contador.

La liquidación por fraude puede ir desde los 600 euros hasta los 6.000 en caso de usuarios individuales, o hasta los 16.000 euros en caso de comunidades de vecinos o urbanizaciones. Además, con los fraudes significativos, se realizan las acciones judiciales oportunas en cada caso, interponiendo la correspondiente demanda por vía penal. Esta infracción penal está descrita en el artículo de 255 del Código Penal.