El exalcalde de Fuente Palmera Antonio Guisado (PSOE) y los exconcejales socialistas María Isabel Ostos, Araceli Díaz y Francisco López han aceptado penas de tres años y seis meses de inhabilitación especial para ostentar cargo público en la administración local por la comisión de un delito de prevaricación en su gestión en la tramitación del expediente del polígono industrial Los Fruteros en el término municipal de la Colonia entre los años 1999 y 2003.

Igualmente, el exsecretario-interventor Carmelo Tubío acepta que le impongan la pena de tres meses de suspensión de funciones por la comisión de un delito de falsedad en los citados hechos, en todos los casos con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas en la tramitación de la causa.

El juicio se había fijado para marzo de 2020 en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba, si bien su señalamiento estuvo afectado por la situación generada por la pandemia del coronavirus covid-19 con la declaración del estado de alarma y ahora los procesados han llegado a la mencionada conformidad que transmiten a la Audiencia.

En concreto, en el escrito conjunto de conformidad se da por probado que durante los años 1999 y siguientes, "la situación urbanística en el municipio de Fuente Palmera demandaba una diligente gestión urbanística que diera respuesta a la obsolescencia de las normas subsidiarias de planeamiento del año 1992, que impedían dar respuesta al crecimiento de la población y a las demandas de suelo industrial".

En este punto, se señala que "los acusados, en vez de procurar la acción administrativa prevista en el ordenamiento jurídico para tales fines, ejecutaron una serie de actos al margen de cualquier procedimiento previsto legal o urbanístico, con un resultado distinto del que se hubiera obtenido con la verificación de los trámites regulares establecidos en la normativa de obligado cumplimiento, con la participación de los agentes y administraciones públicas previstos en dicha normativa para un crecimiento racional del municipio". 

Así, los procesados "formalizaron no sólo una serie de convenios urbanísticos con determinados particulares, sino que ejecutaron la reordenación de distintas unidades de ejecución y concertaron compromisos de venta sobre parcelas en el llamado polígono industrial Los Fruteros, cuando el suelo en cuestión tenía la calificación de rústico y no se había iniciado sobre el mismo actividad material de planeamiento alguna como estaban obligados y cuyo resultado aún sigue teniendo consecuencias urbanísticas para el municipio, tanto en el régimen de licencias como de zonas verdes y otros".

A tales efectos, el acusado Carmelo Tubío emitió "certificaciones conducentes a la materialización de los citados hechos no ajustadas a derecho de contenido falaz". Todos los ingresos obtenidos por el Consistorio en virtud de los distintos convenios tuvieron entrada en las arcas municipales y fueron destinados a gastos del Ayuntamiento que "no eran los inicialmente previstos en materia urbanística", según se remarca en el escrito.

No obstante, se expone que "fracasada la finalidad para la que fueron abonados, se reintegraron a los interesados con intereses". La causa penal se incoó en el año 2005 y durante su tramitación ha sufrido "estados de inactividad no justificados por la práctica de diligencia alguna".

Entre los letrados que han defendido a los acusados se encuentran Francisco Acosta y Fernando Llagas, mientras que el despacho del abogado Manuel Delgado ejerció la acusación en nombre del Ayuntamiento en una de las querellas que se presentaron en su momento, entre otros letrados.

Un sistema de cooperación

La historia arranca en 2003, con un acuerdo entre el Ayuntamiento –presidido entonces por el socialista Antonio Guisado, y un particular, con quien firmó un convenio que implicaba el desarrollo de lazona mediante un sistema de cooperación. El expediente se vio inmerso en una espiral jurídica y urbanística de irregularidades, incluida una compra en 2003 por parte de 19 particulares, quienes adelantaron hasta el 50% del coste de los terrenos, hasta sumar un importe de 630.000 euros.

Un juzgado de Posadas abrió diligencias por una presunta comisión de delitos de malversación de caudales públicos y contra la ordenación del territorio.

Fue en septiembre de 2019, cuando la junta de gobierno de la Diputación de Córdoba adjudicó el contrato de ejecución de la primera fase del proyecto de urbanización, en la que se van a invertir 735.744 euros, financiados a partes iguales por la institución provincial y el Ayuntamiento de la Colonia. La intervención fue adjudicada a la empresa Jiménez y Carmona.

Tras más de dos décadas de vicisitudes, el Pleno de la Colonia aprobó en junio de 2018 de manera definitiva el plan parcial de esta zona fabril, que pondrá en carga más de 70.000 metros cuadrados de suelo industrial.