Las ‘cárceles’ de la moral sexual

Con casi cuarenta años de retraso, se ha creado el Grupo de Apoyo a las Represaliadas del Patronato de Protección a la Mujer, para sensibilizar a la sociedad e influir en las instituciones. Celebramos que la comisión de investigación para la modificación de la ley de Memoria Democrática del Parlamento catalán haya contado, el pasado día 20 de octubre, con la comparecencia de dos supervivientes.

El Patronato de Protección a la Mujer fue la institución franquista con mayor poder para el control de la sexualidad de las mujeres entre 1941 y 1985. Sin embargo, son muy escasos los estudios publicados y no ha sido incluido como situación para acreditar la condición de víctima del franquismo en la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática ni en ninguna de las leyes de Memoria autonómicas.

A diferencia de Irlanda, donde han existido comisiones oficiales de investigación y esquemas de reparación de este tipo de violencia, España sigue manteniendo en el oscurantismo la sistemática violación de derechos humanos de que fueron víctimas miles de mujeres jóvenes. El Patronato de Protección a la Mujer fue creado en la II República, sustituyendo al Patronato Real para la Represión de la Trata de Blancas. Fue disuelto el 25 de junio de 1935, tres días antes de la promulgación del Decreto de abolición de la prostitución, en coherencia con el avance en derechos de las mujeres que se venía produciendo desde el inicio de la República.

En el marco de absoluto retroceso en derechos que supuso el golpe de estado primero y la Dictadura después, Franco recupera esta institución mediante Decreto de 6 de noviembre de 1941, publicado en el BOE del 20 de dicho mes, junto con el Decreto sobre creación de prisiones especiales para regeneración y reforma de mujeres extraviadas, o “mujeres caídas”, eufemismo para referirse a las mujeres en situación de prostitución. Su finalidad era: “la dignificación moral de la mujer, especialmente de las jóvenes, para impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de la Religión Católica”, para lo que contaría con una Junta General, 50 Juntas provinciales, presididas por los Gobernadores Civiles y Juntas locales en algunas ciudades, formadas por representantes del Gobierno, el Ejército, la Sección Femenina, la policía y la Iglesia Católica.

Sus competencias aumentaron con el desarrollo legislativo posterior, sobre todo, con la Ley de 20 de noviembre de 1952, que otorga poder al Patronato para investigar y castigar la divulgación de publicaciones relacionadas con “las prácticas abortivas o contracepcionistas y, en general, cuantos afecten a la moral católica”. Aunque teóricamente se había creado para evitar la explotación sexual de las jóvenes, la realidad es que se convirtió en una gigantesca tela de araña, compuesta por una enorme red de conventos dirigidos por numerosas órdenes religiosas, entre otras, Adoratrices, Oblatas, Cruzadas Evangélicas y un largo etcétera, en todo el territorio español.

Denunciada por su propio padre o un sacerdote, por comportamientos considerados inmorales, incluido bailar agarrado o llevar minifalda, o detenida por la Guardia Civil, por viajar indocumentada o sin permiso paterno, cualquier muchacha de entre 16 y 23 años podía ser recluida. En las denuncias se hacía referencia al “peligro moral”, eufemismo relativo a la posibilidad de que la joven tuviese relaciones sexuales fuera del matrimonio. En los casos de incesto y violación, las jóvenes eran detenidas y recluidas en estas cárceles de la moral sexual, sin que los perpetradores fuesen perseguidos.

En los centros eran sometidas a aislamiento, trabajo forzoso, humillaciones constantes y la amenaza de ser enviadas a un centro más severo o al manicomio, en caso de rebeldía o por ser consideradas lesbianas. Las embarazadas eran enviadas a la Maternidad de Peña Grande en Madrid (en funcionamiento entre 1955 y 1984), donde sufrían un trato denigrante y eran sometidas a chantaje emocional para dar a sus hijos en adopción, o bien se les decía que habían muerto tras el parto, siendo el Patronato, junto con las cárceles franquistas, la antesala del robo de bebés practicado hasta entrados los años 80 en hospitales españoles.

Es preciso acabar ya con el silencio en torno al Patronato y promover la debida reparación que estas represaliadas merecen, siendo un paso indispensable la puesta en marcha de comisiones de investigación por parte de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, a las que sería deseable que se sumara el Parlamento andaluz, para llegar a la implantación de un esquema de verdad, justicia y reparación, que debería haberse hecho efectivo décadas atrás.