Las dos amnistías

Te acuerdas de que antes de las elecciones Puigdemont declaró que los socialistas le habían ofrecido indultarlo? ¿Y que varias ministras socialistas se apresuraron a desmentirlo? ¿Y que algunos dijimos que no entendíamos el desmentido cuando andaban proclamando que indultar a Junqueras y compañía había desinflamado el conflicto? Pues Puigdemont decía la verdad y las ministras mentían. Había habido ofrecimiento, solo que lo rechazó porque le parecía insuficiente. Él quería una amnistía para todos los separatistas procesados.

Ahora las fuerzas afines al gobierno no solo están dispuestas a indultarlo, sino buscando el modo de evitar juzgarlo. La fiscalía se ha opuesto a la denegación, por parte de la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional, del recurso presentado por Puigdemont para que se suspenda la orden de detención en España dictada por el magistrado Llarena. En corto, no quieren que lo detengan si pisa nuestro territorio. Por otro lado, andan especulando con conceder la solicitada amnistía. Hay al respecto un debate acerca de si es factible conceder amnistías en un régimen democrático. Unos argüimos que no lo es porque la Constitución prohíbe los indultos generales (y el que prohíbe lo menos, prohíbe lo más). Además, equivaldría a reconocer que nuestro Código Penal es injusto (o que la mayoría de nuestros jueces prevarican). En efecto, amnistiar consiste en dejar de perseguir a unos delincuentes, lo que solo tiene sentido si se reconoce que sus conductas no deberían haber estado tipificadas. Equivale, pues, a modificar con carácter retroactivo el Código Penal. Y eso suele ir asociado a un cambio del régimen político. ¿Tiene sentido en democracia?

Los partidarios de amnistiar a los separatistas señalan que la Constitución no dice nada al respecto, así que no hay obstáculo legal para hacerlo. Bastaría una ley orgánica, que solo requiere mayoría absoluta en el Congreso. El argumento es sospechosamente parecido al que empleaban los separatistas cuando decían que podían aprobar las leyes que quisieran con su mayoría absoluta en el parlamento catalán. Podían desvincularse de la Constitución o declarar la independencia de Cataluña. No era así. Sus leyes estaban sujetas al control de constitucionalidad. Y la de amnistía, como las demás orgánicas, no sería ninguna excepción.

Un poco menos contundentes, otros opinan que no estamos ante un debate jurídico, sino político. Al parecer, habría proposiciones bien formadas que resultarían indecidibles desde el punto de vista jurídico. Es decir, que no cabría afirmar ni que sean verdaderas, ni que sean falsas. Tal sería el caso de la constitucionalidad de la amnistía, de modo que cuestionarla solo obedecería a móviles políticos. Es posible, pero es seguro que defenderla obedece a que el nombramiento del socialista Sánchez como presidente depende de la voluntad de Puigdemont, el primero de los amnistiables.

Si estamos en un debate político adquiere todavía más importancia el dato de que las amnistías están relacionadas con cambios de régimen. En los setenta del siglo pasado se concedió una amnistía en España para todos los delitos relacionados con la política, desde torturadores franquistas a terroristas etarras. Se pretendía facilitar la transición desde una dictadura a una democracia con la forma de monarquía parlamentaria. Y el Código Penal del franquismo no valía para la naciente democracia.

¿Qué cambio de régimen se pretende con la nueva amnistía? Unos nos dicen que solo se trata de desinflamar el conflicto entre España y Cataluña. Tal conflicto no existe, sino uno entre españolistas (catalanes o no) y separatistas (catalanes o no). Además, este tipo de medidas no calman a los separatistas. Llevamos cuatro décadas de concesiones y lo único que hemos logrado es que radicalicen sus peticiones. Y cuantas más concesiones les hagamos, más pedirán. Los separatistas manejan a la perfección la táctica del trinquete: me has dado esto, pues ya es irreversible y ahora quiero esto otro. De modo que nadie finja: dándoles la amnistía acaso logremos que apoyen nombrar presidente del gobierno a Sánchez, pero no lograremos que cedan un ápice en sus exigencias. Al revés, se reforzarán, se animarán y pedirán todavía más. El único modo de desanimarlos es hacerles ver que sus objetivos son inalcanzables. Mostrarles que pueden pedir la Luna, pero no la pisarán. En ese sentido, la aplicación del 155 fue sumamente educativa. Y la acción de los tribunales, todavía más.

Los más sinceros no ocultan que pretenden, en efecto, un cambio de régimen: pasar de una democracia nacional con autonomías a una democracia plurinacional, antesala de la desagregación de España. Eso implicaría reformar la Constitución, aunque, como dice un ilustre constitucionalista, sería preferible volarla. Pero la Constitución solo es reformable mediante los mecanismos previstos en su texto, a menos que se quieran emplear métodos, explícita o implícitamente, revolucionarios. Y eso sería entrar en terrenos desconocidos. En la duda entre amnistía o democracia nacional, prefiero la igualdad de todos los españoles.