Indultos: el dedo del César del siglo XXI

Desde la licencia que me permiten treinta y nueve años de ejercicio profesional efectivo de la abogacía, y la libertad que me arroga no haber militado jamás en partido político alguno, ni tener adscripción política de ningún color, me permito plasmar algunas reflexiones respecto de la Gracia de Indulto particular, que no general, prohibido éste por vigencia del artículo 62i) de la Constitución Española.

La Ley de 18 de junio de 1870 regula el ejercicio de la Gracia de Indulto, ley que resulta modificada parcialmente por Ley 1/1988 de 14 de enero. Por la Gracia de Indulto, que se tramita ante el Ministro de Justicia se puede obtener el perdón de la pena a la persona que ha sido declarada culpable, pero sin que pierda ésta su condición de culpable. No se le perdona el delito, se le perdona la pena.

En la Roma clásica el César veía sometida su decisión última a la petición popular y en la generalidad de las ocasiones la decisión satisfacía al pueblo. En la actualidad en nuestro país, se invierte la balanza. La sociedad clama justicia, justicia consistente en que se haga efectiva la resolución judicial que ha sentenciado que unos actos resultan contrarios a Derecho y deben ser castigados como delito. Se espera de los poderes fácticos un trato igualitario para situaciones iguales. Frente a ello, el indulto aparece como la decisión arbitraria de la que hace uso el grupo político en el poder.

Cuando el ejercicio del Derecho de gracia se identifica popularmente con la arbitrariedad del gobernante, el daño a la Justicia como institución básica de un Estado de Derecho, está servido. Se ha pasado del respeto a los Tribunales de Justicia, de identificar la Justicia con las resoluciones que dictan los jueces, a cuestionar la independencia del Poder Judicial, a relativizar el valor de las resoluciones judiciales, en función de la adscripción política de los miembros integrantes del tribunal que la dicta.

Se tambalea la separación de poderes, introduciendo interferencias entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, con una revelación manifiesta de la impregnación política del poder judicial que repercute de forma directa en la propia justicia de las resoluciones.

Espectáculo bochornoso el que traslada a la sociedad la disputa política por dominar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional que, por si cabe duda, se coronan con el desprestigio desvergonzado de la Gracia del Indulto, que lejos de su naturaleza correctora de injusticias materiales muy excepcionales, se ha transformado en un arma partidista que beneficia a los afines al poder.

Quienes dedicamos parte de nuestro cometido profesional a la docencia, quienes hemos explicado tantas veces lo que significa un recurso de inconstitucionalidad, o en su caso la trascendencia histórica del indulto como derecho de gracia, cuán difícil nos resulta ahora justificar nuestra formación jurídica, cuando la constitucionalidad de las sentencias pasan a ser graduadas, esto es, se interpreta políticamente que una sentencia pueda ser más o menos inconstitucional en función del número de votos de los magistrados que integran la resolución judicial dictada por el alto tribunal. Hemos pasado de valorar una sentencia a cuestionar la misma en función de quién la suscriba.

Qué complejo resulta trasladar al aprendiz de jurista que el indulto tiene su origen en la última posibilidad excepcional de mitigar el rigor de la Ley, de eximir de responsabilidad criminal al condenado (art. 130.4º Cp), como posibilita el artículo 4 del Código Penal, cuando estamos viendo el espectáculo que nos depara la realidad que vivimos.

Independencia judicial, y no hay forma de determinar la composición de miembros del máximo órgano rector del Poder Judicial, sometido al rigor exigido por partidos políticos que destacan como el mejor de los méritos de un magistrado, la adscripción a una u otra formación política. Independencia judicial, y el Tribunal Constitucional subastando la designación de magistrados que deben conformarlo, en función de la simpatía política de sus componentes.

Y mientras, en paralelo, la exhibición de un ejercicio de la Gracia del Indulto en manos del gobierno político de turno, que lo ejerce como el dedo del César en la Roma clásica, y que está dañando de forma irreversible el futuro no ya del justiciable, sino de la propia Justicia como institución.

Cuánto trabajo, tiempo, dedicación y dinero utilizado para la investigación de delitos graves, delitos de corrupción política con daño económico para todos los ciudadanos. Cuántos profesionales dedicados a averiguar la responsabilidad de delincuentes en hechos tipificados de delitos graves por nuestra legislación penal, para que al final, el dedo del César acabe imponiendo una decisión arbitraria que se impone a cualquier concepción de la Justicia que pudiera albergar algún clásico como Montesquieu. Precisamente Montesquieu fue quien dijo aquello de “una injusticia hecha a uno solo es una amenaza hecha a todos”.

Lo peor es que el sentimiento de amenaza que supone la debilidad de la Justicia es algo que la sociedad tiene ya asumido. Y cuando se debilita la Justicia, tiembla el Estado de Derecho.