El Congreso ha tumbado el decreto que el Gobierno formuló para que los ayuntamientos pudiesen gastar los remanentes procedentes de sus superávits, y ha sido así porque una mayoría de alcaldes, de casi todos los partidos menos del PSOE, se ha opuesto a ello. Es la segunda vez que Pedro Sánchez ve cómo le rechazan un decreto, y es la quinta vez que ocurre desde la restauración de la democracia. La fórmula de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sorteaba la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que impide gastar este superávit en conceptos que no sean el pago de la deuda, mediante la entrega de los fondos municipales al Gobierno central y la devolución por parte de éste a los ayuntamientos de 5.000 millones de euros los dos primeros años y el resto, hasta los 15 años. No es una fórmula lesiva para los intereses municipales si se considera que era voluntaria y que los ayuntamientos, de momento, no pueden gastar estos fondos. Lo que la Ley de Estabilidad intenta es que los ayuntamientos no contraigan gastos de estructuras en tiempos de bonanza que no sean capaz de mantener cuando caiga la recaudación, pero la crisis económica que ha traído la pandemia ha procurado muchas soluciones excepcionales en otros ámbitos. Es bueno que los alcaldes puedan usar sus remanentes en activar obras y ayudar a la lucha de la pandemia, por lo que también se entiende que no hayan querido enviar sus fondos al Gobierno central. El Ejecutivo y la propia Montero se confiaron en que los alcaldes terminarían por rendirse a una propuesta que parte de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuya presidencia sale, claramente, desautorizada. Hay que recordar que la fórmula se aprobó en la FEMP por el voto de calidad de su presidente, el alcalde de Vigo. Al Gobierno le viene este revés en muy mal momento, porque es ahora cuando comienza a negociar los Presupuestos Generales del Estado de 2021, una labor que compete también a María Jesús Montero. Son conceptos diferentes, pero entendemos que Hacienda, como respuesta, no debe dejar el decreto en nada, sino buscar con todos los ayuntamientos otra solución.