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Los gobiernos de Pedro Sánchez no se han caracterizado por respetar a la fiesta de los toros como parte consustancial a la identidad cultural de España sino, precisamente, por todo lo contrario. El penúltimo ejemplo fue el intento de excluir a la tauromaquia del Bono Joven con el que el ministro Miquel Iceta quiso incentivar el consumo de productos culturales y, de paso, captar el voto juvenil en un momento en el que las cosas no se presentaban demasiado bien para los socialistas. Los tribunales obligaron al Ejecutivo a modificar la medida e incluir los festejos entre las actividades cubiertas por el bono. Lo de ahora parece incluso más grave. El Ministerio de Cultura ha caído en la cuota de Sumar y ha sido adjudicado a Ernest Urtasun Domenech, hombre de confianza de Yolanda Díaz, que se ha mostrado siempre como un enemigo acérrimo de la fiesta. No es que carezca en absoluto de afición o que sea indiferente ante el mundo de los toros. Es un activista que considera el toreo una actividad “injusta, sádica y despreciable” y que “nunca puede considerarse cultura porque constituye un anacronismo cultural”. Las opiniones de Urtasun son tan respetables como las contrarias, pero resulta evidente que confiar a esta persona la defensa y promoción de una actividad que está reconocida como patrimonio cultural de España es un absoluto desatino. Los toros forman parte de nuestras señas de identidad más arraigadas y en comunidades como Andalucía –pero no sólo en Andalucía– es parte fundamental de sus tradiciones más queridas y respetadas. La Administración tiene la obligación de proteger y promocionar la tauromaquia como cualquier otra manifestación artística o patrimonial. No parece que el ministro Urtasun tenga el perfil adecuado para llevar a cabo esa política, por lo que resulta pertinente plantearse si la tauromaquia debe continuar esta legislatura bajo el control del Ministerio de Cultura.
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