Los terribles hechos que provocaron el pasado viernes la muerte de 23 inmigrantes que pretendían entrar por la fuerza en Melilla tienen dos responsables: las mafias que trafican con la desesperación de seres condenados a la miseria y que están dispuestos a jugarse la vida por acceder a un mundo con futuro y la política carente del más mínimo respeto por los derechos humanos que practica el autócrata que se sienta en el trono de Rabat. Mohamed VI, dependiendo de por dónde van sus intereses políticos, no duda en propiciar un asalto a Ceuta cuando le conviene poner contra las cuerdas al Gobierno español o en ahogar en sangre un intento de entrada masiva en Melilla cuando lo que le viene bien es evidenciar que ha logrado torcer el brazo de Madrid en el controvertido tema del Sahara. Las dos circunstancias, la crueldad sin límite de las mafias que actúan en el norte de África y el regusto absolutista de la política marroquí, son, por desgracia, recurrentes y así seguirá siendo hasta que se produzcan cambios geoestratégicos y sociales que no están en el horizonte. Lo que sí sorprende en esta ocasión es la actitud adoptada ante la matanza de Nador por el Gobierno español y por su presidente, Pedro Sánchez. Con una falta de empatía ante la pérdida de vidas humanas que se podría calificar de atroz, el jefe del Ejecutivo ha justificado la actuación la Gendarmería marroquí como una acción destinada a salvaguardar la integridad territorial de España, amenazada por la avalancha de inmigrantes. Esta vez Sánchez ha ido más allá de su demostrada habilidad para cambiar de discurso y de planteamiento como el que cambia de camisa. El hecho de que las buenas relaciones con Marruecos sean ahora la piedra angular de su titubeante política exterior no puede justificarlo todo. Sobre todo, cuando de lo que estamos hablando es del desprecio por la vida. Y España no se puede poner nunca en esa clave.