Una lucha desigual

La Guardia Civil lucha contra las mafias del narcotráfico y de la inmigración ilegal que operan en la costa de Almería en unas condiciones de inferioridad tales que deberían avergonzar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. El reportaje publicado por este periódico el pasado domingo no deja lugar a dudas: la plantilla apenas da para completar la tripulación de una patrullera y las embarcaciones de las que disponen no pueden competir ni en potencia ni en maniobrabilidad con las planeadoras de cuatro motores fueraborda capaces de superar los 60 nudos. En esta situación, los traficantes no dudan en actuar a plena luz del día en playas concurridas por turistas, en la seguridad de que lo podrán hacer en completa impunidad. La situación no es nueva y habla del abandono en el que el Ministerio del Interior tiene a la Guardia Civil. Almería no es una excepción. En el Campo de Gibraltar se producen escenas similares y las mafias se han hecho fuertes desplazando desde Galicia a Andalucía el centro de operaciones de las principales redes del narcotráfico. La interceptación a finales de agosto en el puerto de Algeciras de un alijo de casi 9,5 toneladas de cocaína, procedentes de Ecuador –la mayor operación detectada hasta ahora en España–, habla por sí sola de la gravedad que ha alcanzado el problema. La pasividad oficial ante el desarrollo de estos fenómenos de delincuencia global no es muy diferente de la que sufre la Policía Nacional en el combate por la seguridad en las ciudades. Durante este verano, Sevilla y otras capitales andaluzas se han visto sacudidas por una oleada de robos en viviendas que ha creado una sensación de inseguridad ciudadana que no se conocía hace años. En todos los casos el denominador común es la escasez y desmotivación de las plantillas policiales, la insuficiencia de medios para cumplir su misión y una actitud incomprensible e intolerable de un Ministerio del Interior que está pidiendo a gritos una renovación de personas y de políticas.