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Un ingreso necesario, pero sin permanencia

El escenario provocado por la pandemia sí obligaba a actuar con urgencia al Estado para proteger a las familias más castigadas

El Gobierno aprobó ayer un decreto ley para poner en marcha el Ingreso Mínimo Vital, una prestación con cargo a la Seguridad Social de carácter permanente con el que se pretende erradicar la situación de extrema pobreza que, según las estimaciones oficiales, sufren en España unos 600.000 hogares y que afecta a 1,6 millones de personas. La medida supone un importante coste de unos 3.000 millones de euros para unas ya castigadas arcas públicas. A estas alturas, se desconoce cuál será la fórmula elegida para intentar compensar este nuevo gasto. Las alusiones a que la Administración dispone de margen para incrementar sus ingresos con nuevas figuras impositivas medioambientales o con la persecución del fraude fiscal y de la economía sumergida forman parte de una partitura ya escrita con anterioridad, pero a la que le falta la parte fundamental: la música. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto en marcha la propuesta de forma acelerada, sin resolver importantes flecos pendientes; por ejemplo, el engarce con los variopintos tipos de rentas sociales de las comunidades autónomas. La presión del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, al que el Consejo de Ministros, en su nota oficial, atribuye la iniciativa, ha pesado más que los argumentos que aconsejaban sosiego, prudencia y mayor consenso antes de adoptar decisiones de carácter estructural sin acotar y debatir todas las consecuencias. La situación provocada por la pandemia han incrementado el número de familias que han perdido cualquier posibilidad de obtener mínimos recursos para subsistir. Desde ese punto de vista, nadie puede discutir la urgencia y la necesidad de que el Estado articule un mecanismo para socorrer a esas capas de población más castigadas por el Covid-19. Un Ingreso Mínimo Vital que se halla plenamente justificado, pero que es necesario acotar en el tiempo. El decreto aprobado incluye itinerarios laborales para intentar que los beneficiarios continúen en la búsqueda de trabajo. Se persigue que las rentas que van a percibir no provoquen una disuasión inversa. Pero la norma, tal como figura redactada, contiene más expresiones formales y de buena voluntad que concreciones para impedir que ese potencial mercado laboral no quede cautivo. El Gobierno, para satisfacción de uno de sus socios -el PNV-, también ha resuelto que las comunidades autónomas de Navarra y País Vasco gestionen directamente estas ayudas estatales. De nuevo, un acuerdo que discrimina al resto y, por tanto, a Andalucía. Hay tiempo todavía para rectificar.

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