Los impuestos entran en campaña

La fiscalidad es un seguro territorio para la confrontación política en la presente campaña electoral de cara a las generales del 23 de julio. Es lógico que las formaciones expongan sus planes económicos y aborden asuntos cruciales para el bolsillo de los ciudadanos. Pero sin perder el horizonte del crecimiento futuro del país. Habría que exigir a los partidos más realidad y mucha menos demagogia. Un término como el de “justicia social”, de fácil enunciado y venta pública, se convierte en difícil justificación si la ecuación para alcanzarla se limita a culpar a los “ricos” de la desigualdad y proponer como solución para todos los males gravarlos con más impuestos. La candidata del conglomerado de izquierdas Sumar, Yolanda Díaz, se ha descolgado con una reforma a fondo del impuesto de sociedades que persigue que “las grandes empresas aporten más y las pequeñas mucho menos” y que convertiría en permanente el vigente impuesto a las grandes fortunas. Fue Sánchez el que, con el argumento de los beneficios empresariales durante la pandemia, penalizó provisionalmente a las eléctricas, los bancos y a las llamadas grandes fortunas. Ahora explora continuar por esa senda si las urnas le permitiesen permanecer los seis meses como presidente de turno del Consejo de la UE. Pero en un mundo globalizado, este tipo de iniciativas suponen un brindis al sol para contentar a un electorado muy ideologizado y polarizado. Las consecuencias de este tipo de anuncios se desdeñan. Una de las carencias de la economía nacional es la falta de grandes empresas. Casi el 99% del tejido productivo son pymes. La prioridad debería ser atraer más inversiones y conseguir un mayor número de sociedades con 250 o más trabajadores. Es más sensato conseguir que se cumplan iniciativas como las de la OCDE para que las grandes compañías contribuyan con el 15% de sus beneficios, independientemente de los países en donde radiquen sus sedes.