La huelga indefinida en el transporte por carretera ha desbordado todas las previsiones y se ha convertido en un problema de primer orden. Está paralizando sectores productivos, como el lácteo o el pesquero, y provocando desabastecimiento en los mercados. Convocada por una plataforma minoritaria en el sector, ha logrado poner en jaque la cadena de suministros. La situación que se ha creado evidencia, en primer lugar, que la crisis inflacionista que vive España es grave y profunda, y no responde sólo a la coyuntura de una guerra en Europa, que la ha agravado mucho, porque lleva meses gestándose por los incrementos en los costes de las fuentes de energía. Que los derivados del petróleo, la electricidad y el gas estén a precios no vistos en 40 años tiene consecuencias directas en todos los sectores productivos. En segundo orden, la huelga demuestra que el Gobierno, al igual que con otros problemas graves como la pandemia, no ha sabido calibrar esas consecuencias. Se ha minusvalorado que la protesta no estuviese respaldada por las principales patronales o sindicatos. En tercer lugar, esta huelga indefinida enfatiza de nuevo el problema sempiterno de que los piquetes, mal llamados informativos, se imponen e impiden el derecho a trabajar. La respuesta inicial de los ministerios de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana y del Interior ha sido deficiente. Esto nos lleva a la cuarta conclusión: que el Gobierno de España va tarde y mal en solucionar no sólo el conflicto con el transporte por carretera, que no puede soportar el coste de que los combustibles ronden los dos euros por litro, sino el verdadero problema de fondo de este conflicto, que es la inflación y sus graves consecuencias para la economía española. La respuesta, además, supone una rectificación en toda regla de las políticas que proponía el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ahora sí ve pertinentes rebajas fiscales. Pero éstas no se adoptan con la celeridad debida y se han retrasado hasta final de mes.