Hay que debatir

Falta poco más de una semana para que la campaña electoral dé comienzo de forma oficial y todavía no hay nada cerrado sobre los debates que deberían servir para confrontar las posiciones y los programas de los principales candidatos. Ello es así porque, a diferencia de lo que ocurre en muchas democracias avanzadas, en España los debates forman parte de las estrategias de los partidos y no de los derechos de los ciudadanos. Tenemos una prolija legislación electoral que, por ejemplo, nos trata como menores de edad cuando prohíbe la publicación de sondeos en la semana previa a los comicios, pero que no prevé nada sobre la celebración de encuentros entre los candidatos. Los ciudadanos se ven privados de conocer antes de acudir a las urnas cuál es la situación demoscópica del país y también de tener garantizados en los medios públicos los debates que lo ayuden a orientar el voto. En esta precampaña, como en todas las anteriores, los cara a cara o su ausencia han sido un argumento más para mantener la tensión política y buscar el desgaste del adversario. El que tiene papeletas para ganar piensa que confrontar ante una audiencia mayoritaria supone arriesgar su buena posición y el que se ve perdedor aspira a que el duelo sea un arma poderosa para recolectar apoyos en el siempre muy numeroso colectivo de los indecisos. En esta ocasión es Alberto Núñez Feijóo el que huye de las cámaras y Pedro Sánchez el que busca el duelo. El socialista se estrenó con la propuesta, un tanto estrambótica, de fijar seis encuentros entre él y el aspirante del PP, pretensión, que, como era lógico, no llegó a ningún sitio. Poco después fue Feijóo el que comprometió un debate con Sánchez, pero sin precisar ni fecha ni formato. Pasan los días y nada se avanza para que se produzca. Lo que está claro es que si finalmente no hay debates serán los ciudadanos los que salgan perdiendo.