La huelga de los camioneros de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera, que agrupa a pymes y autónomos, aún sigue en pie, pendiente de concretar algunas medidas más con el Gobierno. Tras dos semanas bajo mínimos, las terminales de contenedores de los puertos comienzan al fin a despachar vehículos, y poco a poco regresa la vida a los polígonos industriales. Pero aunque hoy sean muchos menos los transportistas que respaldan las protestas, a raíz del acuerdo que alcanzaron el viernes el Ejecutivo y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), un conflicto que ha sacudido la economía de todo un país, debería servir de serio aviso por la capacidad de movilización ejercida por una minoría. El órgano que, en teoría, se suponía que aglutinaba a la mayoría de asociaciones del sector ha quedado, visto lo visto, en evidencia porque hasta sus asociados ya no los ven como sus únicos representantes, incluso después de lograr una rebaja de 20 céntimos por litro de carburante y uln compromiso para evitar que trabajen por debajo de los costes.

Bajo una democracia representativa, el Gobierno no se puede reunir con cualquiera que se erija portavoz de todo un colectivo cuando además existen sus legítimos representantes. Pero el Gabinete de Sánchez ha carecido de reflejos al no asumir, desde el primer día, el poder de representatividad de estos autónomos, en lugar de ignorarlos y encasillarlos ideológicamente. No pocas iniciativas encabezadas por la sociedad civil responden a la apatía y la ineficacia de las instituciones, y esta huelga ya dura demasiado. Aún se recuerdan las protestas de los sanitarios que encabezó Spiriman y que también desde la Junta se ningunearon, pagando el PSOE un alto precio. Con la capacidad de internet y las redes para acelerar los procesos participativos y tensionar el ambiente, los únicos que no parecen entender que asistimos a una nueva era son los agentes sociales, políticos y económicos, cuyo poder de representatividad está cada vez más exigido.