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Las administraciones públicas no están dando un espectáculo muy edificante en el conflicto del taxi con las empresas de VTC. Si primero vimos al Gobierno central pasar la patata caliente de la regulación del sector a las autonomías, ayer contemplamos a la nueva consejera de Fomento, Marifrán Carazo, devolverle este regalo envenenado a la Administración central. Por su parte, ayuntamientos como el de Sevilla acogen de forma acrítica las propuestas de los taxistas y derivan a la Junta un problema que, de enquistarse, amenaza con crear graves dificultades en la movilidad de nuestras ciudades. Unos y otros parecen haber olvidado la obligación de gobernar, por mucho que esto suponga desgaste y pagar costes electorales. Los ciudadanos votan a sus representantes para que solucionen problemas, no para que se inhiban a la primera adversidad.
No le falta razón a la consejera de Fomento cuando afirma que es necesaria una ley nacional que unifique las condiciones del sector. No es de recibo que un ciudadano viaje a otra ciudad española que no pertenezca a su comunidad autónoma y no sepa en qué condiciones puede solicitar un VTC. En unos momentos en los que Europa unifica sus regulaciones para evitar el galimatías normativo, resulta poderosamente llamativa la intención del Gobierno central de que cada autonomía genere su propio reglamento sobre el transporte urbano. Ahora bien, la consejera Carazo, más allá de derivar el problema al Gobierno, no ha aclarado cuál es la postura de la Junta de Andalucía, si la máxima desregulación posible -tal como se le supone a un Gobierno de inspiración liberal- o si una regulación parecida a la ya anunciada por la Generalitat, que exigirá una precontratación previa de los VTC de al menos 15 minutos, y que ya ha provocado que Uber y Cabify anuncien que abandonan Barcelona. Ya es hora que desde el nuevo Gobierno andaluz se empiecen a tomar decisiones.
Todas las administraciones tienen que ponerse de acuerdo cuanto antes para llegar a un acuerdo que, como no puede ser de otra manera, debe exigir las mismas condiciones a los VTC y a los taxis. Pretender castigar a los VTC con una precontratación, un recorrido mínimo dentro de las ciudades o a no poder situarse cerca de los lugares donde se estén produciendo eventos masivos, condena a estas empresas a perder competitividad, con el consiguiente daño a los intereses del conjunto de los ciudadanos. Todos, incluido el taxi, deben comprender que los VTC han llegado para quedarse. Lo contrario sólo supondrá una pérdida de tiempo y de energías.
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