EDITORIAL
¿Alguien lucha contra la corrupción?
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado, tras ignorar durante meses las muchas peticiones que le llegaban desde las comunidades, la Conferencia de Presidentes autonómicos para el próximo 6 de junio en Barcelona. Ya era hora. Son muchas las cuestiones que deben abordarse en una cumbre de estas características, aunque hay dos que preocupan especialmente a un elevado número de regiones, entre ellas la andaluza. Las deficiencias del actual modelo de financiación que condena a comunidades como la nuestra a una infrafinanciación crónica y el ofrecimiento a Cataluña de un sistema privilegiado de recaudación y gestión de los fondos dibujan un panorama de injusticias y discriminación que es urgente afrontar. De forma sorprendente, en el orden del día de la reunión adelantado por la Presidencia del Gobierno la semana pasada, los temas financieros brillan por su ausencia. Moncloa propone como cuestiones a abordar, exclusivamente, el acceso a la vivienda y la formación profesional y universitaria. Son, sin duda, problemas que preocupan a los ciudadanos y que merecen una reflexión en el foro que reúne a los encargados de buscarles soluciones en sus territorios. Pero obviar los problemas que tienen las comunidades por la falta de recursos para garantizar los servicios que tienen la obligación de prestar o no abordar la situación que se crearía, si Cataluña abandona el sistema general y accede a algo parecido a un régimen foral, es no mirar a la realidad e intentar echar balones fuera. Andalucía ha mantenido desde que el actual modelo de financiación está vigente que es injusto y que priva a los andaluces de una cantidad decisiva para mejorar la prestación de los servicios sanitarios, educativos y sociales que tiene encomendados. Esa ha sido la postura mantenida tanto por los gobiernos socialistas como por los del Partido Popular. Este principio debe ser defendido con fuerza y no puede quedar supeditado a estrategias partidistas.
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