La cara más sórdida de la política

El caso del secuestro de una concejal de Maracena (Granada), que podría haberse quedado en un asunto de crónica de sucesos, ha adquirido una dimensión de crisis política e institucional. Un auto judicial a 72 horas de las elecciones municipales puso de relieve una serie de sospechas e indicios muy graves de supuesta inducción del delito de detención ilegal contra uno de los principales dirigentes del PSOE andaluz, el diputado Noel López, y sobre la alcaldesa y el concejal de Urbanismo del municipio, que fueron las personas a las que el ex regidor dejó el control del Ayuntamiento antes de marcharse a Sevilla para ocupar uno de los principales cargos de confianza de Juan Espadas. Conforme se hacen públicos más datos de esa investigación, los detalles sórdidos se multiplican y extienden un peligroso velo de sospecha sobre las formas de la política. Prostíbulos, fiestas, drogas o chantajes asociados a licencias urbanísticas son elementos que se repiten en los escándalos políticos y judiciales de los últimos tiempos, algunos en Andalucía, donde acaba de finalizar el juicio de la Faffe contra dos altos cargos por presunta malversación de fondos que acabaron en la caja de un club de alterne. No es sólo la imagen de un partido político –en estos últimos casos el PSOE– la que sale malherida. Todo el sistema se resiente cuando el ciudadano infiere que éstas son las formas de sus representantes. Y para colmo ven cómo los políticos se suelen aferrar a los cargos sin pudor, amparados en su fuero judicial. Con todas las salvaguardas de la presunción de inocencia, la justicia ha de ser diligente para preservar la confianza en el sistema, pero también los partidos políticos y sus dirigentes deben de erradicar las malas prácticas en cuanto son de conocimiento general, sin necesidad de llegar a situaciones límite.