No son activistas, son ministros

La Embajada de Israel en España condenó el pasado lunes de manera enérgica, por medio de un comunicado, las declaraciones de algunos ministros del Gobierno de España respecto a la situación de guerra provocada por los atentados de Hamas contra Israel. Sin citar a ninguno expresamente, el comunicado de la delegación diplomática israelí se refería a manifestaciones de miembros del Ejecutivo español, como su vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, o la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Ésta había señalado al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, como criminal de guerra e instó al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a trasladar a la Corte Penal Internacional su actuación en Gaza. El Ministerio de Exteriores, pese a ello, reaccionó al comunicado israelí rechazando “tajantemente” su condena y acusando a la Embajada de incluir en su texto “falsedades”. El problema de fondo, no obstante, y que se repite cada vez que una situación internacional evidencia el profundo disenso de los integrantes del Gabinete, es que los ministros de Unidas Podemos anteponen su activismo político y su posición ideológica a su condición de integrantes del Gobierno del Reino de España. Las competencias en Asuntos Exteriores no corresponden a ninguno de los departamentos que tienen encomendados y la postura del Gobierno ha de fijarla, como hace, su presidente, Pedro Sánchez: condena al acto terrorista de Hamas y reconocimiento a Israel de su derecho de defensa aunque cumpliendo la legislación internacional. Como miembros del poder ejecutivo tienen la obligación de respaldar la postura del Gobierno y no ponerlo en evidencia una y otra vez. Nadie les exige que cambien de opinión, pero sí que actúen con la prudencia que exige la alta responsabilidad que desempeñan. Apelar sólo a la libertad de expresión, como ha hecho Exteriores, es simplificar un comportamiento inexcusable porque genera un ruido que pone en duda la posición de España respecto a Ucrania o Hamas.