Urge un plan integral contra el narcotráfico

Editorial

El problema no se resolverá hasta que las penas se endurezcan y el Gobierno ejecute las prometidas inversiones de la mano de todas las instituciones

21 de septiembre 2020 - 02:34

Las embestidas de los narcos contra los agentes de la autoridad en las últimas semanas, causando heridos de gravedad tanto en la Sierra de Cádiz como en Algeciras y la costa de Málaga, han disparado las alarmas. A pesar del notable aumento de los medios materiales y tecnológicos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar, los resultados no terminan de llegar. Cuanta más droga se incauta y a más narcos se detiene, más movimientos se registran, en lo que ya es una guerra sin cuartel. Desde que el Ministerio de Interior aumentó la presión policial con el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar, hace ahora dos años, las organizaciones incluso no han tenido reparos en trasladar su frenética actividad a otras provincias, pero en modo alguno parecen dispuestas a renunciar al gran negocio de la droga. Antes al contrario, desde que se han intensificado los esfuerzos, con especial atención también al blanqueo de capitales, los grupos criminales responden con más violencia.

Los operativos policiales -el último desarrollado con éxito, este fin de semana, en Cádiz y Málaga- han requisado toneladas de droga y millones de euros y recuperado casi 1.500 vehículos de alta gama en los últimos tiempos. Pero el problema no se resolverá hasta que las penas se endurezcan y, sobre todo, hasta que el Gobierno ejecute el anunciado plan integral para dinamizar el Campo de Gibraltar, que compromete a ocho ministerios con el objetivo de impulsar la economía, reducir el paro y luchar contra el narcotráfico de la mano de todas las administraciones. El éxito de los narcos radica en que parte de la población, que se ha sentido tradicionalmente abandonada por las administraciones, ha visto en el contrabando la única forma de ganarse la vida. Y esta idea tan arraigada en la zona, por desgracia, no será desterrada hasta que el Estado cumpla con sus obligaciones. Para ello, podría invertir los 900 millones que prometió en su día antes de que sea definitivamente tarde.

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