Tercera reforma universitaria

En medio del ruido político, la aprobación por el Congreso la semana pasada de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ha pasado casi desapercibida. Se trata de la tercera reforma universitaria desde la promulgación de la Constitución y, una vez más, hay que lamentar que una norma de estas características y que puede influir sustancialmente en el futuro del país no haya sido consensuada entre las fuerzas políticas. La LOSU sale adelante con 182 votos a favor del PSOE y sus aliados y 157 en contra, entre ellos los del Partido Popular además de Vox y Ciudadanos. Esta fragmentación hace prever que cuando cambie el Gobierno cambiará también la legislación universitaria, con lo que se volverá al punto de partida. La contumacia en el desacuerdo entre los dos grandes partidos sistémicos para abordar las grandes reformas educativas es uno los déficits más frustrantes de la democracia española y un claro indicador de su falta de calidad. Pese a que la falta de consenso le da un carácter de provisionalidad, la nueva ley aporta aspectos que hay que valorar como el compromiso de que en el plazo de siete años el porcentaje del PIB dedicado a las universidades suba hasta el 1% frente al 0,7% actual o el aumento de la cuantía de las becas, pero apunta un sesgo ideológico rechazable en algunas de sus medidas. La asfixia financiera es el principal reto al que hace frente la comunidad universitaria y aunque esta ley no la resuelve, sí apunta en la buena dirección. Como el desarrollo de la normativa tendrá que ser aplicado por las comunidades autónomas, será en esta instancia en la que se mida la efectividad o no de lo establecido. En Andalucía, tendrá además un efecto colateral significativo: la Universidad de Sevilla tendrá que elegir a su rector por sufragio de toda la comunidad universitaria y no sólo de los claustrales. Era una anomalía nacional que la ley resuelve.