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Selectividad y exigencia académica

Establecer como consecuencia de la pandemia una especie de 'aprobado político' en el acceso a la universidad sería un error que pagarían los estudiantes

Unos treinta mil estudiantes de toda Andalucía están llamados, a partir de hoy y durante los próximos tres días, a realizar la prueba de Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, lo que siempre se conoció y se sigue conociendo como la Selectividad, que este año tiene connotaciones muy especiales por la situación de excepcionalidad que vive el país como consecuencia de la pandemia. Los jóvenes aspirantes a universitarios van a realizar sus exámenes con más de un mes de retraso sobre las fechas habituales y en unas condiciones que no se han producido nunca antes en España. El curso se interrumpió abruptamente el pasado marzo y desde entonces todos los contactos entre profesores y alumnos se han producido por vía telemática, lo que supone, a pesar de los esfuerzos que se han realizado tanto por los docentes y las autoridades educativas como por el alumnado, una anomalía que va a tener su reflejo en la preparación con la que van a llegar a la prueba los que ahora concluyen el Bachillerato. En estos meses ha habido que improvisar un sistema alternativo a las clases y exámenes presenciales y las calificaciones no se han podido regir por los mismo criterios. Durante las últimas semanas han circulado algunas informaciones en el sentido de que los niveles de exigencia académica iban a bajar este año con respecto a los anteriores o de que se iba a pasar la mano a la hora de calificar. Aunque lógicamente las circunstancias que se han vivido tienen que influir en las pruebas que se inician hoy, sería un flaco favor a los estudiantes y al sistema educativa bajar de forma significativa los niveles de conocimiento que se exigen para entrar en la universidad. Por su propia naturaleza y por el papel social que desempeña, la universidad debe ser un ámbito de excelencia que prepare profesionales cualificados para desenvolverse en el cada día más difícil mundo laboral. Establecer este año en las pruebas de acceso, o en cualquier otro ámbito, una especie de aprobado político a causa del Covid-19 sería un error que, en primer lugar, terminarían pagando los propios estudiantes.

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