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La Ley Electoral de Andalucía impide, de forma expresa, celebrar los comicios durante los meses de julio y agosto. Es una medida que, en una región en la que las altas temperaturas son una constante en verano, tiene todo el sentido. El calor y los desplazamientos vacacionales, de temporada o de fin de semana, no son elementos que propicien la participación ni la comodidad para los votantes y, sobre todo, para los ciudadanos que tienen que permanecer más de doce horas en los colegios electorales por haber sido designados miembros de las mesas. Las generales que se celebraran el próximo domingo son de una importancia política evidente y, en condiciones normales, tendrían garantizada una alta participación. Pedro Sánchez eligió la fecha por puro interés estratégico –más suyo personal que de su propio partido– tras el duro revés de las autonómicas y municipales del 28 de mayo. La inconveniencia de la fecha ya se ha puesto de manifiesto con el colapso que ha sufrido Correos, incapaz de tramitar la avalancha de voto postal que se ha producido y que ha llegado a cifras sin precedentes. Estos días son muchos los ayuntamientos andaluces que andan buscando a la carrera equipos portátiles de aire acondicionado y ventiladores para climatizar los colegios electorales que no disponen de este servicio. El próximo domingo se prevén, como no podía ser de otra forma, temperaturas cercanas a los 40 grados en el Valle del Guadalquivir y, en general, en toda la región. Votar en esas condiciones y garantizar el normal funcionamiento del sistema electoral puede convertirse en una tortura si los locales no están preparados convenientemente. Las elecciones a finales de julio presentan muchos más inconvenientes que ventajas. Tras la experiencia de este año, no sería descabellado plantear que la media restrictiva que es ley en Andalucía desde 1994 se aplique a toda España mediante la reforma pertinente. Saldrían ganando los ciudadanos y se reforzaría la trascendencia de la celebración de unas elecciones.
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