La propuesta realizada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que en las próximas elecciones municipales la Alcaldía la ocupe de forma automática el cabeza de la lista más votada, con la posibilidad de que la misma medida se extienda a autonomías y al Gobierno central, ha despertado los lógicos recelos, no sólo entre el resto de los partidos. También en el PP se han levantado voces que dudan de la efectividad e incluso del encaje legal de la medida, a pesar de que el líder del PP eligió para presentarla el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, la cuna del constitucionalismo español. Téngase en cuenta, por ejemplo, que, si la medida hubiera estado vigente en 2018 para las comunidades autónomas, el cambio político en Andalucía no se habría producido. Juanma Moreno hubiera tenido que apoyar la investidura de Susana Díaz, vencedora en las urnas, como presidenta de la Junta y el candidato del PP, que había obtenido los peores resultados históricos de su partido, muy posiblemente habría abandonado la política andaluza. El juego de mayorías parlamentarias es consecuencia del sistema electoral proporcional, corregido por la regla D'Hondt, que establece el artículo 68 de la Constitución. De él se han beneficiado los dos grandes partidos sistémicos. Si la composición de los plenos de las instituciones son un reflejo de la voluntad popular expresada en las urnas, es lógico que se puedan conformar sumas que no tengan que suponer siempre que el cabeza de la lista más votada sea el que gobierne. La fórmula de Feijóo nos acercaría a un sistema electoral mayoritario. Para hacerlo posible sería necesaria una reforma que contara con el apoyo tanto del PP como del PSOE, algo que en estos momentos se antoja quimérico. Sobre todo, porque cuando se abran las urnas el 28 de mayo los populares pueden llegar a alcaldías que con el sistema que ahora propone su líder tendrían que ceder a sus rivales. Algo que, con toda probabilidad, no va a pasar.