Todos somos iguales ante la ley y las sentencias que dictan los tribunales están para ser cumplidas. Sin estos dos principios, la Justicia no sería digna de ese nombre. Ninguno de los dos se ha visto conculcado en la resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla por la que se suspende durante cinco años la pena de seis años de cárcel impuesta a José Antonio Griñán, ex presidente de la Junta de Andalucía y ex consejero de Economía y Hacienda, por un delito de malversación de caudales públicos en el caso de los ERE. La Audiencia ha estimado los informes del forense y de la Fiscalía que consideraban que el tratamiento del cáncer de próstata que le fue diagnosticado al ex presidente, de 77 años, no podía ser aplicado en prisión con garantías para la salud del condenado. La medida se adopta en aplicación del artículo 80.4 del Código Penal, que establece que “los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables”. Lo que hace en este caso la Audiencia es aplicar una medida prevista en el ordenamiento jurídico que tiene un carácter puramente humanitario y de preservación de la salud. La resolución, como es obvio, no cambia lo establecido en la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo ni supone un trato de favor con respecto a lo que se ha hecho con otros condenados que sí han entrado en prisión. Independientemente de la valoración que pueda hacerse sobre la trayectoria profesional y personal del ex presidente de la Junta, su dura condena en el caso de los ERE es una circunstancia que, desgraciadamente para él, lo acompañará lo que le reste de vida. Sus abogados han cumplido estrictamente su obligación de defensa y la Audiencia no ha hecho otra cosa que aplicar un artículo del Código Penal previsto para estos casos. La Justicia ha funcionado.