El descubrimiento en Melilla de una trama dedicada presuntamente a la compra masiva de voto por correo, las denuncias que se investigan en Mojácar (Almería) y otras que han proliferado en las últimas horas, entre ellas una en Huelva, llevan a pensar que algo falla en la normativa que regula esta modalidad electoral. El voto por correo es imprescindible porque garantiza el pleno ejercicio del derecho de sufragio a aquellas personas que por las razones que sean no van a poder ejercerlo de forma presencial. Pero parece que en esta campaña se ha confirmado algo que se venía perfilando de forma difusa en otras convocatorias anteriores: el voto entregado en las oficinas postales es susceptible de abrir una vía a irregularidades que se descartan en el voto que se realiza ante la urna. Cuando surgió el caso de Melilla la Junta Electoral de Zona se apresuró a exigir la presencia y la presentación del Documento Nacional de Identidad a todas las personas que entregaran su voto en la oficina de Correos de Melilla. La consecuencia más inmediata fue que de las más de 11.000 peticiones que se habían realizado sólo se formalizaron unas 1.300, en torno al 11%, aunque existen sospechas de que una parte de esos sufragios pudieron desviarse a otras provincias. Extender la obligatoriedad de la identificación en el momento de entregar el sobre a todo el territorio nacional sería una medida en la buena dirección para cortar de raíz prácticas fraudulentas que pueden comprometer el proceso. La Junta Electoral Central, encargada de velar por la legalidad de la votación y de toda la normativa que la regula, debe tomar cartas en el asunto. El final de la campaña ha quedado embarrado por las presuntas irregularidades en este tipo de votación. Es algo que un sistema democrático consolidado y fiable como el español no está en condiciones de permitirse. Garantizar la limpieza absoluta de unas elecciones está en la base misma de la democracia.