La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebra mañana, miércoles, y el jueves la vista pública sobre los recursos presentados por los 19 ex altos cargos de la Junta de Andalucía, gobernada entonces por los socialistas, que fueron condenados por la Audiencia de Sevilla en la llamada pieza política de los ERE. Aunque todos ellos ya están alejados de la gestión pública y desvinculados del PSOE, la cita judicial volverá a traer a primera línea de la actualidad el uso irregular de dinero público por parte de la Consejería de Empleo para financiar expedientes de regulación de empleo y la responsabilidad que en estas decisiones tuvieron los máximos responsables del Gobierno andaluz. Más allá de las connotaciones puramente políticas que presenta el caso y del momento en el que se celebra la vista, en plena precampaña para las elecciones del 19 de junio, nueve de los ex altos cargos que presentan sus recursos se juegan entre seis y ocho años de cárcel, entre ellos el ex presidente José Antonio Griñán y entre los recurrentes también está el ex presidente Manuel Chaves, que gobernó Andalucía de 1990 a 2009. Hay que partir de la base de que la coincidencia temporal entre la vista del Supremo y las vísperas electorales no ha sido buscada ni por el presidente Juanma Moreno ni, por supuesto, por el Alto Tribunal, por más que su celebración vaya a ser aprovechada como argumento de campaña para devolver al debate público la supuesta identidad entre socialismo andaluz y corrupción con la que el PP machacó hasta lograr en 2018 el cambio político. Pero más allá de esta circunstancia, ciertamente inoportuna, lo importante es que se da un paso decisivo hacia el final de un caso que se ha eternizado en los tribunales y que todavía está atascado en multitud de piezas en un juzgado de Sevilla. Cuanto menos tiempo tarde el Supremo en pronunciarse más cerca estaremos de poder dar carpetazo al asunto y de saber hasta dónde llegó la responsabilidad penal de cada uno de los implicados.