A expensas de lo que determine la investigación judicial, que la magistrada instructora ha declarado secreta, hay indicios suficientes para afirmar que en Melilla se ha descubierto una trama que intentaba dar un pucherazo mediante la compra masiva de voto por correo. Diez personas han sido detenidas, entre ellas un consejero del gobierno local. El hecho tiene de por sí una enorme gravedad porque supone la existencia de una conspiración para manipular la voluntad popular en la ciudad autónoma, que elige el domingo la Asamblea que la gobierna. Pero hay elementos que suman a esa sensación, asentada durante los últimos años, de que en Melilla se dan demasiadas circunstancias que enturbian su vida política y social y que cada vez la convierten más en una isla dentro de España. Uno de esos elementos es la presencia en el vértice de la trama de una formación, Coalición por Melilla (CpM), que nunca ha sido un ejemplo de transparencia en su comportamiento pero que ha logrado la fuerza suficiente para ser la que ata y desata en la ciudad. De hecho, su principal dirigente no puede concurrir a estas elecciones porque está condenado a inhabilitación por un intento anterior de compra de votos. Este partido forma parte del Gobierno de Melilla en coalición con el PSOE y tiene estrechos lazos con Más País, la formación liderada por Íñigo Errejón, lo que añade a esta rocambolesca situación perfiles políticos muy significativos. Pero lo que da más gravedad al asunto es que, como ocurre casi siempre en la ciudad autónoma, la sombra de Marruecos se proyecta con fuerza. No son un secreto para nadie las vinculaciones, directas e indirectas, de CpM y de sus principales dirigentes con Rabat. No parece, según algunas informaciones periodísticas, que este caso sea una excepción. Melilla es una zona especialmente sensible para los intereses de España y no se puede obviar que pende sobre ella –también sobre Ceuta– una amenaza real. Ignorarlo es un lujo que el Estado no se puede permitir.