La ciudad y los días
Carlos Colón
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Tras la batalla del fiscal general del Estado, la de su sucesora. Ni cien días le han dado. Fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, a la que también pertenecieron sus tres predecesores. Está profesional e ideológicamente en la órbita de Dolores Delgado y García Ortiz. Cierto. Pero también es una fiscal de prestigio con 35 años de ejercicio que ha sido fiscal delegada en Madrid, fiscal ante el Tribunal Constitucional, fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer, jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo y fiscal de sala delegada para la Protección de las Víctimas. Désele tiempo para que demuestre si su ideología sesga sus decisiones y la convierten en un brazo togado del Gobierno o no. No es cosa de esperar un milagro como el de santo Tomás Becket, nombrado arzobispo de Canterbury por Enrique II para favorecer sus intereses, que tras ser consagrado defendió a la Iglesia contra el monarca. Pero sí independencia.
Izquierda y derecha se reparten por igual las descalificaciones de jueces y fiscales. Izquierda y derecha claman por igual por la separación de poderes y la independencia del poder judicial; pero solo cuando están en la oposición, sin hacer nada cuando están en el poder. Izquierda y derecha consideran por igual justas las aperturas de causas o condenas que son desfavorables para el contrincante y lawfare las que les perjudican a ellos. La consecuencia es un gravísimo desprestigio de la justicia.
En varias ocasiones Bruselas ha advertido del “riesgo de que las declaraciones públicas de gobiernos y políticos afecten a la confianza pública en la independencia judicial”. Puntualizando, en el caso de España, que “ha habido declaraciones públicas de políticos, incluso del Gobierno, criticando al poder judicial” y que “el Consejo General del Poder Judicial y las cuatro principales asociaciones de jueces han alertado en repetidas ocasiones sobre dichas declaraciones, tanto cuando criticaban decisiones judiciales individuales como al poder judicial en su conjunto”. Lejos de eso la cosa se embarra cada vez más, con una vicepresidenta del Gobierno llamando a manifestarse en las calles “en defensa de la democracia” porque “hay parte de la judicatura que se cree impune”. Mal vamos. Que santo Tomás Becket nos proteja.
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