DE un tiempo a esta parte, estamos contemplando una avalancha de saharauis por nuestras calles, con destino al Registro Civil, para normalizar su situación como españoles que fueron sus antecesores, súbditos de aquella colonia que España, tras la Marcha Verde, en el ocaso del régimen de Franco, dejó de la mano de Dios, en contra de sus compromisos con aquellos ciudadanos tan españoles como el que más, como se ha reconocido judicialmente, provocándose esta afluencia para inscribirse como españoles, lo que ha sido puesto en cuestión en diversos ámbitos jurídicos, no por el derecho en sí a serles reconocido su derecho a la nacionalidad española, sino por la forma y lugar como lo tramitan; es más, se prevé recurrir esta dación de nacionalidad, lo que comportará un serio conflicto con estos ilusionados postulantes.

Los gobiernos de la democracia que, en algún caso (como con el PSOE de los primeros tiempos de la Transición), habían prometido su ayuda para despejar el futuro de estas gentes, con reconocimiento de la soberanía sobre sus tierras antes españolas, las han dejado en la estacada, y no han exigido con el rigor que confiere el Derecho internacional y las Resoluciones de la ONU sobre el derecho de autodeterminación de este pueblo que se lleve a efecto el referéndum al efecto, con el que podrían haber conseguido por fin el reconocimiento internacional como Estado.

Mientras, el Reino de Marruecos sigue actuando a su antojo y sólo pretende, además de anexionarse definitivamente estos territorios, otorgarles una exigua autonomía administrativa, siempre al albur de la voluntad cambiante por sistema de su monarca. En este estado de la cuestión, la regularización masiva de estos ciudadanos, nos lleva a la reflexión sobre la pasividad del gobierno español en el incumplimiento de las Resoluciones de la ONU, quizás por intereses pactados con el gobierno marroquí, de forma que al ser ahora considerados ciudadanos españoles, sin mediar un reconocimiento de doble nacionalidad (española/saharaui), pierdan ante Marruecos su nacionalidad saharaui y, por ende, no puedan intervenir en el futuro referéndum que, de esta forma, ganaría sobradamente el monarca marroquí, evitando así medidas impopulares o conminaciones internacionales. Es una hipótesis que no conviene descartar, máxime si esa monarquía (que no es ejemplo, precisamente, de democracia) está amparada por razones estratégicas por EE.UU. y, por razones crematísticas, por Francia, entre otros países occidentales. De esta forma, el PSOE salvaría la cara tras el descarado incumplimiento de sus promesas de otrora, permitiendo a la par campar a sus anchas a los marroquíes.

A todo esto, el resto de partidos políticos a callar so pena de ser tildados de xenófobos, convidados de piedra en este proceso, en el que parece que prefieren no intervenir por los dicterios que podrían dedicárseles por los profesionales del insulto político.

La Diplomacia, en este punto, es una fuente inagotables de entresijos, urdimbres y laberintos, en los que se pierde la mente humana cuando en intentar explicar lo inexplicable se trata. ¿Alguien nos puede aclarar, si no, qué está pasando con estos ciudadanos, a dónde se quiere llegar?

Dentro de este proceso, no parece que se hayan sopesado todas las consecuencias que pueden derivarse del reconocimiento como ciudadanos españoles de estas personas. A nadie se le oculta que pasamos por una crisis económica angustiosa a la que venimos a "invitar" a estas gentes, en vez de haber luchado internacionalmente para que se les devuelva lo que es suyo: su territorio con sus riquezas; para que vivan según sus tradiciones y en la tierra de sus antecesores, sin colonizaciones de nuevo cuño ni invasiones sólo justificadas por el afán de apropiación de una monarquía que no ha sido ejemplo de respeto y colaboración con España, salvo cuando ha recibido generosas contraprestaciones económicas o un infame silencio para no molestar al "hermano marroquí".

Nuestra diplomacia, entregada al tercer mundo, tras poner en peligro los estrechos vínculos que nos han unido a los países occidentales, está a la deriva, a nuestro juicio, y debe empeñarse en que se cumplan las resoluciones internacionales, gusten o no, antes que recorrer caminos o seguir vías torticeras para pretender dar una salida a un pueblo que, por historia, es el legítimo propietario del Sahara.