Que muchos políticos viven en su propio mundo, que nada tiene que ver con la realidad, no es nuevo, sino que se ha convertido ya en una un hecho contrastado, por muy doloroso que sea. Esta semana hemos asistido a un nuevo episodio que ratifica esta teoría a cuenta del bono vivienda que se ha sacado de la manga el Gobierno de Pedro Sánchez y que ha criticado duramente la oposición de Pablo Casado, aunque no se sabe muy bien si porque consideran desacertada la medida o porque no se le ha ocurrido a ellos.

En cualquier caso, la propuesta de PSOE y Unidas Podemos tiene un tufo electoral evidente y parece un parche -otro- ante la incapacidad de atajar la situación de los jóvenes. El PP no se queda atrás y a través de su todavía líder (Casado) ha venido a decir que quien tiene un trabajo y una nómina, puede acceder perfectamente al alquiler de una vivienda. Ahí queda eso.

La cuestión es que los partidos se enredan en una polémica absurda con no se sabe muy bien qué interés, o sí, pero que nada tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, que debería ser su principal y casi único objetivo.

La mejor manera de contrarrestar esta sucesión de declaraciones de unos y otros es acudir a los datos. Y es ahí donde una institución como el Consejo de la Juventud de España (CJE) ha entrado de lleno en el asunto, de manera que ha dejado en evidencia tanto al Gobierno como a la oposición. Entre otras afirmaciones, el CJE ha dado cuenta de que, a finales de 2020, tan solo un 15,8% de los jóvenes entre 16 y 29 años estaban emancipados, la peor cifra desde el año 1999. Además, la pandemia ha hecho que la tasa de emancipación baje tres puntos en tan solo un año y ha agravado el problema del acceso de los jóvenes a la vivienda en España, el país con mayor tasa de desempleo juvenil de la OCDE, con un 38,8% de paro entre los menores de 25, situación que se agrava con cuestiones como la temporalidad y la precariedad.

Más datos. Casi un 60% de los jóvenes entre 16 y 29 años que residen en una vivienda independiente lo hacen de alquiler, lo que supone de media destinar un 92 % del sueldo para aquellos que viven solos y casi un 30 % para los que comparten piso. Según el CEJ, el 20% de los jóvenes que trabajan siguen en riesgo de pobreza y exclusión social, porque el salario medio es de 11.634 euros al año, unos 970 euros al mes.

Con esas estadísticas, nuestros gobernantes tienen ya materia suficiente para ponerse a trabajar más y pavonearse menos, porque los número hablan por sí solos de lo que hay fuera de su zona de confort. Está claro que el susodicho bono no va arreglar nada si permite, por otro lado, que los alquileres suban sin una regulación consensuada por todos. No hacer nada tampoco es la solución. Para empezar, mejor poner los pies en la tierra en lugar de mirar tanto al cielo.