Las aguas cada vez están más revueltas en la sanidad pública andaluza. Por si no fuera bastante la situación generada por el covid-19, que ha dejado al descubierto todas las debilidades del sistema, ahora los profesionales se han encontrado de frente con la Orden del 8 de noviembre por la que se establecen medidas en materia de recursos humanos para la gestión de la crisis sanitaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Para ellos es, según han denunciado ya los sindicatos, un "atropello a los derechos de los trabajadores". A lo largo de los próximos días seguro que escucharemos o leeremos sobre ella porque las primeras reacciones no han tardado en producirse y estoy segura de que solo son una pequeña parte de lo que puede venir. Uno de los puntos más espinosos es el que señala que, cuando las circunstancias de un determinado centro sanitario imposibiliten el mantenimiento de la asistencia a la población con los recursos humanos disponibles, "las disposiciones relativas a jornada de trabajo, periodos de descanso y disfrute de vacaciones reglamentarias podrán ser transitoriamente suspendidas por el gerente del centro". Es decir, que si no hay personal suficiente, se suspenden descansos y vacaciones para cubrir esos huecos.

La necesidad de profesionales, sobre todo médicos, es acuciante. El Área Sanitaria Sur de Córdoba ha reconocido hace poco que está buscando facultativos a la desesperada, pero no encuentra a nadie disponible. Incluso han reducido el horario del único médico de Zuheros para que eche esa diferencia de horas en el consultorio de Luque, donde se ha jubilado uno de sus dos galenos. Dicen que no hay nadie en bolsa. Será porque se van a otras comunidades o países en busca de mejores condiciones o porque las plazas MIR son insuficientes. El caso es que ahora se van a poder reincorporar al servicio activo profesionales sanitarios en situación de jubilación que hubiesen prestado servicios para el SAS y no hayan cumplido 70 años. Y también van a poder hacerlo licenciados y diplomados sanitarios que carecen aún del título de especialista reconocido en España para la realización de funciones propias de una especialidad. Este punto incluido en la orden ya lo conocíamos, y es que está contemplado en el decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros. Además, es una medida que nos afecta directamente como ciudadanos, no es solo un problema de los médicos, porque ¿en manos de quiénes nos van a dejar? Da hasta miedo pensarlo.