S OMOS multitud los que no hemos salido todavía de nuestro asombro después de conocer la noticia de que el pasado 1 de octubre el BOJA publicaba la lista de 81 menores andaluces estudiantes de 3º de ESO, y de sus respectivos padres o tutores, a los que, habiéndose declarado objetores de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, se les denegaba su deseo de ausentarse de las clases de la polémica asignatura.

La Consejería de Educación publicaba, por tanto, los nombres y apellidos de menores de edad con la peregrina excusa de que le había sido imposible localizarlos y notificarles personalmente su decisión. Nada más lejos de la realidad, puesto que todos los menores están escolarizados en centros educativos andaluces, por lo que aparecen en los registros de la Consejería de Educación; además, en dichos centros sus padres tuvieron que rellenar un escrito de objeción donde constaban sus domicilios. Pero, para más inri, se da la circunstancia de que muchos de estos menores tienen hermanos mayores que, con anterioridad, también habían objetado y a los cuales la Junta sí les notificó personalmente la resolución denegatoria de su petición, por lo que sus domicilios eran claramente conocidos.

Esta burda forma de cohibir a los que se oponen a que se les imparta una asignatura que traspasa los límites de la educación y que es, de facto, una remasterizada Formación del Espíritu Nacional al uso zapateriano, ya había dado muestras días atrás de sus maneras inquisitoriales con la publicación de la lista de los padres objetores a los que se les había denegado la objeción; pero la publicación de la lista con los 81 menores es algo absolutamente intolerable en un Estado de Derecho en el que, se supone, deben de preservarse, y no lesionarse, todos los derechos a los que se refiere nuestra Constitución, entre ellos, el derecho a la intimidad y a la propia imagen, no sólo de unos padres, sino primordialmente de unos niños menores de edad, que ahora se encuentran "señalados" por un Poder Ejecutivo autonómico ansioso del más puro absolutismo y en claras vías de tornarse en Antiguo Régimen.

Son 81 familias y 81 nombres de menores publicados en una "lista negra" con la aparente intención de lesionar su libertad de opinión y sus derechos más básicos susceptibles de amparo constitucional y, a su vez, de causar un efecto disuasorio en un asunto de gran sensibilidad social como éste, para así evitar que se sigan produciendo objeciones a la controvertida asignatura. Frente a tanta arbitrariedad y coacción corresponde actuar al Ministerio Fiscal y a los Tribunales de Justicia. Es la única defensa que nos queda ante esta nueva Inquisición.