EL sindicato UGT lanzó ayer las campanas al vuelo por la excelente acogida que ha tenido la puesta en marcha del denominado teléfono "confidencial", en el que los trabajadores pueden dejar de forma "gratuita y confidencial" su denuncia contra las irregularidades que cometen las empresas. Esta línea entró en funcionamiento el 26 de julio y el 4 de agosto ya había recibido 158 llamadas, 13 de ellas de Córdoba. La mayoría de las denuncias es por impago de salarios, pero también las hay por incumplimiento de jornada, trabajadores sin contrato, vacaciones no disfrutadas o acoso laboral, entre otras. El mecanismo es muy fácil: el trabajador que se considere afectado por estas irregularidades marca el número en cuestión y cuenta su caso. ¿Qué ocurre después? Según la portavoz de UGT-A, Pilar Marín, el siguiente paso es intentar negociar "por las buenas" con la empresa para que se restablezcan los derechos laborales, y "si no se atiene a razones, están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias". La información añade que en Jaén ya cuentan con un "grupo de presión" formado por unas cien personas que "visita" las empresas denunciadas y que pronto habrá un grupo de estos en cada una de las provincias andaluzas. Partiendo de que nadie niega la veracidad de las denuncias, ¿no sería más legal poner el caso en manos de la justicia o es que hay via libre para que cada uno se la tome su cuenta con los riesgos que esto conlleva para la deteriorada imagen de los sindicatos?

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