El conflicto de la deuda pública autonómica

EN las últimas semanas venimos asistiendo a declaraciones contradictorias de responsables públicos europeos (de los gobiernos, del Banco Central Europeo, de la Comisión, del Eurogrupo) sobre la posibilidad de que el BCE y/o el fondo de estabilidad europeo intervengan en los mercados de deuda soberana ayudando a los países periféricos a moderar la prima de riesgo y, en consecuencia, haciendo posible la financiación a tipos de interés que no condenen a países como España o Italia a la suspensión de pagos o a la intervención. Estas manifestaciones provocan fuertes convulsiones en los mercados con subidas y bajadas de la prima de riesgo y de la bolsa.

Tras estas declaraciones se esconde la convicción de muchos analistas y políticos de que España no hará los ajustes y las reformas estructurales si no es con la amenaza de la intervención, por lo que no se deciden a propiciar las facilidades financieras que se demandan. Ayer mismo, el Consejo de Gobierno del BCE provocó una caída de la bolsa y subida de la prima de riesgo al aplazar la intervención en los mercados de deuda y acordar la necesaria petición de ayuda de los estados y la exigencia de "condicionalidad estricta y efectiva". Esa desconfianza se deriva de los errores, la inacción o los incumplimientos de compromisos en el pasado reciente de los gobiernos españoles, y en la presunción del descontrol del gasto de las CCAA y las dificultades del Gobierno para embridarlo. Por ello, el Congreso aprobó en abril la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y el Gobierno estableció los límites de déficit y deuda de las CCAA en mayo, aunque dos meses después ha tenido que actualizarlos para el Consejo de Política Fiscal y Financieras del pasado 31 de julio.

En esa reunión se presentó y aprobó el límite de deuda pública autonómica en el 16% del PIB para 2013 con el apoyo de todas las comunidades gobernadas por el Partido Popular, pero con la ausencia de la Generalitat de Cataluña, con la retirada de la Junta de Andalucía y con el desacuerdo de los gobiernos canario y asturiano. Ese objetivo de deuda se concretó por comunidades, admitiendo un techo mayor para las que parten de un nivel de deuda más alto y menor para las menos endeudadas. Así, las comunidades con más deuda (Cataluña, la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha) elevan significativamente sus niveles posibles de endeudamiento respecto al nivel de deuda fijado el 17 de mayo de este año, mientras que se reduce el límite para comunidades que parten de un nivel de deuda inferior a la media, como Asturias, Canarias, Murcia y Andalucía.

Este criterio no es compartido por la Junta de Andalucía, que aduce el riesgo moral de favorecer a las comunidades más endeudadas y perjudicar a las más disciplinadas, como Andalucía. Esta posición parece razonable, si bien es comprensible que, dado que la deuda pública tiene un elevado componente estructural, no se pueda exigir realistamente que las que tienen una deuda más alta la reduzcan a un nivel semejante a las que la tienen más baja en un año, aunque, cuando menos, se debería ser algo más restrictivo con las más endeudadas.

Para la Junta de Andalucía el techo de deuda se reduce al 13,2% del PIB para 2013, un 1,9% menor que el límite previsto en su plan económico financiero, y que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aprobó el pasado 17 de mayo junto al del resto de comunidades, lo que implicaría un recorte del gasto de 2.750 millones de euros para el próximo año. Un ajuste sin duda notable, que la Consejera de Hacienda ha ejemplificado con el cierre de todos los hospitales públicos o en el despido de 60.000 empleados públicos.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas debe comportarse en estos asuntos tan sensibles para las comunidades con mayor transparencia, diplomacia y equidad, por lo que debería haber presentado una fórmula de cálculo objetivo y ofrecer su discusión a las comunidades con cierto margen de tiempo. Ninguno de estos hechos se han producido y es comprensible que la Junta de Andalucía haya expresado su malestar, máxime cuando Griñán y Rajoy departieron en un clima de lealtad el día anterior. Por ello, sería conveniente que en lugar de elevar un recurso más al Tribunal Constitucional y reeditar la confrontación -lo que no favorece la imagen de gobernabilidad de España en un momento delicado como el presente-, Ministerio y Junta de Andalucía tratasen de reconducir el nuevo contencioso.

En cualquier caso, la necesidad de ajuste no se reducirá sustancialmente, por lo que la Junta de Andalucía se enfrenta a la ineludible tarea de abordar el verdadero ajuste al que viene resistiéndose desde el inicio de la crisis, que no es otro que el de su exceso de personal y de organismos prescindibles. Ajustes que serán dolorosos y difíciles de aplicar, pero que no necesariamente deben implicar un deterioro sensible de los servicios públicos porque el margen de ganancia de eficiencia es muy amplio en buena parte de la administración autonómica.