Casi dos años lleva en el cajón de los asuntos postergados del Congreso de los Diputados una proposición del PSOE para reformar el reglamento de la Cámara y que cualquier colectivo que pretenda reunirse con un parlamentario tenga que inscribirse en un registro de acceso público. Es una modesta medida en pro de la regulación de las actividades de los grupos de presión (lobbies) en la política española.

¿Por qué no se debate y se aprueba un conjunto de normas al respecto? Su no regulación ha dejado inacabado el trabajo del Legislativo en contra de la corrupción, que ha sido prolongado e intenso. Se ha avanzado mucho en este sentido. Pero no hay razón alguna para no continuar la labor de mejorar el control de las administraciones, la transparencia, el rigor y la honestidad de los gestores públicos.

No hay razones, ya digo, pero sí causas. Una de las principales es que los partidos dominantes no se toman la corrupción como un asunto de Estado que se debe afrontar en beneficio del sistema y de los ciudadanos, sino como un instrumento más para la pelea partidista. Siempre, siempre, siempre, el bando afectado por un escándalo trata de minimizarlo, atribuirlo a militantes aislados, dejarlo en manos de la Justicia y compararlo con el escándalo pasado o presente -mucho más grave, dónde va a parar- del bando adversario. Y viceversa, siempre, siempre, siempre, el bando opuesto al denunciado maximiza la importancia del asunto, extiende la porquería a todo el partido afectado, se carga la presunción de inocencia de los implicados y silba sobre sus propios casos ("Esa persona de la que usted me habla", ¿recuerdan?). Una frase ya tópica define esta actitud compartida: Y tú más.

Lo hemos comprobado estos días en el caso canario. El PSOE resucita el caso Kitchen de espionaje ilegal a Bárcenas por parte del PP, Elías Bendodo dice que lo del Tito Berni es lo mismo que los ERE y que el socialismo vuelve a las andadas, el PP solicita una comisión parlamentaria de investigación sin dejar que actúe la Justicia, el PSOE recuerda que el mando de la Guardia Civil implicado fue general bajo el Gobierno popular y que el mediador afirma que se reunió también varias veces con el presidente del PP canario... y así todo. Ninguno quiere acabar con la corrupción, sino sacar provecho del daño que los casos de corrupción ajenos causen a su enemigo. En votos, claro está.