AL hilo de las medidas aprobadas en días pasados por el nuevo gobierno, vuelve a estar de actualidad la ingenua pregunta que nos hacemos muchos de los que seguimos atentos a la evolución del mercado de la vivienda: ¿Por qué se centra el esfuerzo en favorecer la venta y no en aprovechar la oportunidad para aumentar el parque de hogares en alquiler?

En el cuarto trimestre de 2011 el anterior gobierno  puso en marcha el tipo súper reducido de IVA al 4% para la adquisición de vivienda nueva, con el objetivo de facilitar la salida del stock de vivienda construida y liberar de este lastre a promotores y entidades bancarias. En ese momento muchos nos preguntamos por qué no se habían llevado a cabo propuestas que, con similar objetivo, coadyuvaran a incrementar el número de viviendas en alquiler, nuestra asignatura pendiente.

Hoy, cuando el actual gobierno anuncia la prórroga del tipo súper reducido, la respuesta es aún más evidente: los gobiernos favorecen a sus compañeros de viaje, banca y promotores, conduciendo a las dóciles familias a la condena hipotecaria.

Conviene recordar algunas ventajas del alquiler frente a la compra para las familias e incluso para el país en su conjunto, como su menor coste mensual en comparación con la cuota de hipoteca, la posibilidad de adaptar con más facilidad la vivienda a nuestras circunstancias vitales, además de ser un modelo que favorece la movilidad laboral. Para el Estado, un parque de vivienda ajustado y adecuadamente gestionado es una medida de apoyo social de primer orden, además de tener implicaciones macroeconómicas favorables como ha venido a expresar el Banco de España en su boletín económico de diciembre de 2011.

Por tanto, si el objetivo de las últimas medidas es rebajar el stock, deberían ponerse en marcha actuaciones o ventajas fiscales que favorezcan la adquisición de promociones cuyo destino sea el mercado de alquiler. Los 500 millones de euros que, según el economista Julio Rodriguez López, dejará de ingresar el gobierno por la reducción del IVA del 8 al 4%, podrían ser un buen comienzo para un programa destinado a este objetivo, que nos acercara al 36% de viviendas en alquiler de la Eurozona (13% en España, 55% en Alemania).

Pero habría otra posible vía más directa aún. Con lo que el Estado ha dejado de ingresar en los últimos diez años por la deducción de la compra de vivienda, 53.000 millones de euros, podría haber invertido y tener en su haber un tercio del millón de viviendas del stock. O si quieren una receta más liberal, al estilo alemán (con el 90% de las viviendas de alquiler en manos privadas), una buena parte de este stock podría ser propiedad de empresas inmobiliarias con apoyo del gobierno para su puesta en alquiler.

Los números gordos solo valen para ponerse a pensar, para reiniciar el proceso de reflexión que conduzca a soluciones viables, que es lo que deben estar haciendo en la Junta de Andalucía, administración que tiene las competencias en vivienda. El batacazo sufrido por la Junta con la medida destinada a incentivar la venta de las 110.000 viviendas en stock, mediante la concesión de préstamos reintegrables, dotado con 1.000 millones de euros y del que se ha consumido tan solo un 2,5% desde febrero de 2010, también es motivo más que suficiente para pensar que animar a la compra no es la solución.  Por cierto que la medida anticrisis se encajaba dentro del paquete "empleo y apoyo a las familias", cuando en realidad era apoyo a promotores, a las familias lo que les hace falta es vivienda digna y asequible, no un empujón al abismo del endeudamiento.

En definitiva, gobierno central y autonómico deberían centrar su esfuerzo en el bien común, sacar del bache a las familias y no a los promotores, disculpen el  atrevimiento, pero es que estos últimos, aunque ahora  lo están pasando mal, son pocos y además lo han pasado muy bien.

Tomando prestada la expresión a Clinton, podríamos concluir que la solución a una parte de nuestros problemas económicos y sociales "es el alquiler, estúpidos", y no la compra.