Mensaje en la botella

¡Que alguien ponga orden!

Ayuntamientos, comunidades autónomas y el Gobierno se pasan la pelota de unos a otros

El fallo del Tribunal Constitucional de esta semana en el que aclara -con evidente división entre sus miembros- que el estado de alarma incumple la Carta Magna, es la evidencia de que la gestión de la pandemia ha sido y está siendo un despropósito. El TC da un tremendo bofetón al Gobierno, eso es indiscutible, pero también a los grupos que apoyaron esa medida en el Congreso de los Diputados, por mucho que salgan ahora los García Egea de turno a hacer -otra vez- el ridículo ante los medios informativos.

Pero sin entrar en las consecuencias jurídicas que tendrá esta sentencia -ninguna a efectos prácticos-, el problema real que tiene este país -Córdoba no se escapa, a la vista está- es que hemos llegado a una situación de caos que ya nadie parece que quiere solucionar. Nos agarramos a la esperanza de que la vacunación arreglaría la pandemia y es cierto que ha sido una barrera para la población de más edad, sobre todo la de las residencias, porque no hace tanto contábamos por decenas los fallecidos en estos centros asistenciales. Sin embargo, nos hemos encontrado de bruces con otra parte de la sociedad -los más jóvenes- que es la más expuesta al virus y eso ha traído una quinta ola cuyas consecuencias estamos palpando.

Las imágenes de botellones que vemos los fines de semana no son nada edificantes, pero aún hay quien no quiere asumirlo. Sin salir de Córdoba, donde este tipo de concentraciones no son tan masivas como en otras ciudades, hemos contado esta semana que la Policía Local ha impuesto desde el pasado 9 de mayo -cuando se levantó el estado de alarma- unas 500 sanciones, de las que el 55% son por beber en la calle, lo que suma 278 en apenas dos meses. Teniendo en cuenta que las personas multadas suelen ser una pequenísima parte de las que en realidad pueden estar concentradas en un determinado lugar de la ciudad, el argumento defendido por el propio Ayuntamiento sobre la escasa incidencia del botellón se cae por su propio peso con los números sobre la mesa.

Si a ello le unimos que hay 14 municipios cordobeses en riesgo extremo, con tasas de contagio insoportables, se aprecia con nitidez la inacción de las administraciones. Entre ayuntamientos, comunidades autónomas y el Gobierno se pasan la pelota de unos a otros. Nadie quiere asumir la erosión de la pandemia. La Junta, por ejemplo, no se atreve solicitar el toque de queda, mientras que en comunidades como Cantabria, Valencia y Cataluña los tribunales han permitido esa medida. Y es que el gobierno andaluz no está dispuesto a cargar con el desgaste de enfrentarse al descontento de la sociedad o a sectores como el turismo. Tampoco el Ejecutivo central, que para eso derivó todas las responsabilidades en las autonomías y se lavó las manos. En esas estamos, con contagios que no cesan, desconcierto entre la ciudadanía y políticos cruzados de brazos. ¡Que alguien ponga orden! ¡Pero ya!

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