Violencia en las aulas cordobesas

LA agresión que una conserje del instituto San Álvaro de Córdoba ha denunciado haber recibido de manos de un alumno el pasado miércoles vuelve a poner sobre la mesa el debate de la seguridad en los centros escolares y la situación de violencia y desamparo en la que se encuentran docentes y personal de administración en la actualidad. Especialmente graves son los hechos en este instituto por cuanto El Día ha podido comprobar, a través de testimonios directos y numerosos correos electrónicos recibidos ayer en su página web, que los acontecimientos ocurridos en el mismo no son, ni mucho menos, extraordinarios, ya que los insultos y las amenazas a la comunidad educativa son una constante. Es por ello que resulta especialmente triste comprobar la aparente tranquilidad con la que tanto la dirección del centro como, sobre todo, la Delegación de Educación de la Junta han reaccionado. Que la delegada del ramo, Antonia Reyes, afirmase ayer a este periódico que su área desconocía que existiese una situación difícil en el centro, que dudase incluso de la exactitud de los hechos denunciados por la conserje -no sólo en este medio, sino ante la Policía- y que se mostrase sorprendida porque estos acontecimientos tengan lugar en un centro que está dentro del programa Escuelas espacios de paz responde a una ingenuidad inaudita. Obviamente, no se puede impedir una agresión, pues no cabe ponerle un policía a cada miembro de la comunidad educativa, pero se echa de menos una asunción de responsabilidades por parte de los órganos directivos implicados, una investigación en profundidad de la situación que se vive en el centro -hoy pueden leerse testimonios preocupantes-, así como la toma de cuantas decisiones administrativas sean necesarias para reprender la conducta del alumno implicado. Unido a ello, lo que sí que deja claro este nuevo caso de violencia escolar es la necesidad de devolver la autoridad a profesores y personal no docente, dos colectivos que llevan años denunciando la precariedad en la que ejercen sus funciones. Por último, han de ser los padres quienes se preocupen de educar a sus hijos, una responsabilidad que no se puede delegar en nadie.