En estos tórridos días, la factura de electricidad pone encima de la mesa la capacidad de los hogares para afrontar el consumo de aire acondicionado. De forma natural, la gente señala a las "energéticas" como grandes beneficiadas en este estado de cosas, inducido en buena parte por la guerra de Ucrania, y en mala parte por la codicia de quienes aprovechan los trenes baratos -es un decir- para encarecer más de la cuenta sus productos y servicios, y hacer caja ventajista. "El último, que pague la luz". No creo que ésta sea la estrategia de Endesa, Iberdrola y demás operadores eléctricos, cuya dimensión y valor no aconsejan una imagen pública especulativa en tiempos de incertidumbre extrema. Son compañías que están vinculadas al ahorro de las personas normales, un hecho que suele ignorarse al identificar a quiénes son víctimas, y quiénes verdugos en este estado de cosas. De forma ligera y algo maniquea.

Iberdrola tiene medio millón de "pequeños accionistas"; Endesa cuenta con 859.000 propietarios en total: no todos son ricos de chistera, habano y panza prominente. No serán, pues, los titulares del llamado "capitalismo popular" quienes exijan un hachazo fiscal a estas compañías: sus dividendos les importan. En una tierra que adolece -más, el sur- de un insuficiente ahorro privado, no todos tienen sus ahorros metidos en los ladrillos que habitan o rentabilizan. Otro dato de otro sector señalado, la banca: Banco Santander tiene 4,5 millones de pequeños accionistas (no son Anapatricias, sino gente corriente que tiene un peso nulo en las juntas generales y las decisiones de la empresa).

Ante la contracción presupuestaria que llega, Italia y el Reino Unido han emitido leyes para gravar los beneficios "extraordinarios" -qué es eso, no lo sabemos bien- de las energéticas. Hablamos de países regidos por Draghi y Boris Johnson, nada sospechosos de populistas o socialistas. Nuestro Gobierno se propone abundar en esa línea ante el panorama inquietante que afrontaremos después de "el último verano", previo a un otoño de 2022 que todos parecen considerar dantesco. Nada carece de consecuencias, tampoco una contribución extra -¿de simple justicia social?, cada uno que valore- del negocio de las grandes, que tienen una buena parte de su mercado en nuestro país, a las duras y las maduras. Pero ignoramos por sistema que sus resultados afectan a más de diez millones de españoles, que, cabe reiterar, no son ricachos, sino ahorradores de infantería. A ellos no interesa el castigo a las grandes.

Para juzgar con mejor fundamento, no sobra ningún elemento de juicio.