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Punto de vista

José Ramón del Río

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Novedades en Cataluña

Han sido 45 los viajes al extranjero para promocionar el proceso soberanista a fin de obtener respaldo

Cuentan los bien informados que el presidente Sánchez y el de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, han hablado en el Palacio de La Moncloa, muy recientemente, de presupuestos y de consolidar la estabilidad del gobierno de la nación. Allí han llegado a la conclusión de que el Gobierno de España se mantendrá hasta finales de 2023 y, para los optimistas, hasta principios de 2024. Ambos interlocutores coinciden en que para la estabilidad del Gobierno, ERC es la única alternativa posible. El PSOE pactará, pues, con ERC y PDeCAT y dejaran fuera del pacto a Junts, pero el portavoz del PSOE ha declarado, no sé con cuanta solemnidad, que "jamás aceptará un referéndum de autodeterminación y ni siquiera consultas no vinculantes", aunque Aragonès insiste en que este será el eje de su propuesta para resolver el conflicto político.

Veremos que ocurre en la realidad. Ignacio Camacho escribe que la izquierda tendrá mayoría en el Tribunal Constitucional en el próximo año y parece que se prepara una consulta no vinculante, pero de valor simbólico, que adquirirá el rango de compromiso de Estado y el reconocimiento del pueblo de Cataluña como sujeto soberano. Dan por supuesto que el Tribunal Constitucional no va a poner reparos y si los pone, será tan tarde, que no tendrá resultados prácticos, por lo que la consulta no vinculante adquirirá el rango de compromiso de Estado y reconocerá al pueblo de Cataluña como sujeto soberano.

El periódico El Mundo ha realizado una encuesta, cuyo resultado es que el 25,3% de los encuestados consideran los indultos un acierto y el 48,4 un grave error. Solo los votantes del PSOE y algo más consideran que los indultos favorecen el diálogo. Mientras, los tribunales no cejan en su labor, así el Constitucional subasta cinco viviendas de Artur Más y su equipo si no pagan, 2,3 millones de euros por sus responsabilidades en los sucesos del 9-N, y la Abogacía del Estado ha acusado al gobierno de Cataluña de pagos inconstitucionales antes de ser silenciada. Es cierto que la Generalitat tiene competencia para la acción exterior, pero no la tiene para potenciar un proceso inconstitucional de autodeterminación. Han sido 45 los viajes al extranjero para promocionar y dar a conocer el proceso soberanista, a fin de obtener respaldo y reconocimiento internacional. En los periódicos del Grupo Joly se nos informa que el Govern habilita 10 millones para ayudar a los altos cargos catalanes a los que el Tribunal de Cuentas reclama fianzas, por haber promocionado el referéndum ilegal del 1-O en el extranjero, usando dinero público.

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