Puede discutirse si es lícito seguir hablando de terroristas cuando la banda de terroristas a la que unos individuos han pertenecido ya no existe. Seguramente no, porque el terrorismo no señala una condición, sino una odiosa actividad que puede dejar de ejercerse. Sí podemos hablar con toda precisión de exterroristas o antiguos terroristas, como es el caso de los que se presentan en las listas electorales del partido de todos conocido, heredero de otros similares –algunos de ellos ilegalizados en su día– que más que aliados de los pistoleros en el frente político formaban parte, como demostraron los jueces, de una misma estructura. Un asesino, sin embargo, no deja de serlo por el hecho de estar rehabilitado, es decir, por haber cumplido la pena que le corresponda después de haber sido juzgado y condenado como tal. La persona que ha matado a otra premeditadamente será siempre un asesino, aunque no vuelva a matar, pues la calificación define un acto objetivo, del mismo modo que los asesinados no pueden volver a la vida. El código penal de las democracias tiene como uno de sus pilares la reinserción de los reos, que recuperan todos los derechos de los que se les desposee cuando entran en prisión para pagar, como suele decirse, la deuda que han contraído con la sociedad y en particular con las víctimas de sus delitos o de sus crímenes. Hasta donde uno sabe, la ley no les exige que pidan perdón o que muestren arrepentimiento, salvo si se trata de acogerse a beneficios específicos. Basta con que cumplan la condena para que recobren sin más su estatuto de ciudadanos. Los antiguos terroristas tienen por lo tanto derecho a ser candidatos y a participar como cualquiera en los procesos electorales. Es verdad que era eso lo que se les pedía cuando secuestraban, extorsionaban y mataban, y ahora que ya no ponen bombas ni pegan tiros en la nuca no hay impedimento ni jurídico ni propiamente político para que los criminales que han cumplido su pena no figuren en esas listas de la infamia. Otra cosa es el juicio moral que dicha participación le merezca a la mayoría de los españoles, que ya veía con una mezcla de asco e indignación el obsceno y reiterado espectáculo de los homenajes públicos a los verdugos. Lo verdaderamente repugnante, en realidad, es el amplio respaldo social del que disfrutaron y siguen disfrutando, y su actitud chulesca y retadora, su incapacidad para reconocer el profundo daño causado. Los políticos, ya los conocemos, podrán hablar de este asunto en los términos que consideren, pero no es una cuestión de conveniencia electoral ni de izquierdas o derechas, sino de justicia, dignidad y obligado respeto a las víctimas.