Nos tenemos que enterar –casi en secreto– de que el (des)Gobierno en funciones que preside el perdedor de las próximas pasadas elecciones generales –Pedro Sánchez– viene acariciando la idea de conceder el indulto a los más destacados delincuentes socialistas, condenados en firme por los tribunales de justicia de nuestro país y que estuvieron en el gobierno socialista de la Junta de Andalucía, desde cuya atalaya de poder cometieron la mayor corrupción, el mayor desfalco y malversación de caudales públicos que se ha conocido hasta ahora en el tiempo de la restauración democrática. Sobre todo teniendo en cuenta que la cantidad malversada –unos 680 millones de euros– estaban destinados a políticas que paliasen el paro brutal y el desconsuelo económico en el que estaban sumidas miles, centenares de miles de familias de trabajadores andaluces condenados a la inacción laboral.

Este escandaloso indulto, inmoral por abusivo, entre otras cosas, pretender conseguir ser un a modo de bálsamo entre las huestes socialistas y maniobra de distracción entre el resto de la ciudadanía democrática, una vez que el propio (des)Gobierno de la Nación contorsione el texto constitucional, como hace un herrero en una fragua, retorciendo y golpeando los textos constitucionales que se les pongan por delante, en un yunque ausente del Poder Legislativo, concediendo una amnistía que provoque el paroxismo orgiástico entre los golpistas, condenados en firme por las más altas instancias judiciales del Estado Español, tras haber perpetrado un golpe de estado, en todas las geografías urbanas de Cataluña y proclamado la tan ansiada por algunos como inexistente para todos “república de Cataluña”. A cambio de un plato de lentejas…

Dejó escrito Diderot –Entretiens avec Catherine II– que abolir el delito es abolir la ley. Sólo hay que pensar que un Estado democrático y de derecho, tal y como define a España la aún vigente Constitución de 1978, sólo lo es por el permanente imperio de la ley. La ley es lo único que verdadera y moralmente garantiza las libertades y los derechos individuales de los ciudadanos. Fuera de eso, fuera de la ley sólo está la dictadura, la autarquía, la autocracia, el despotismo, la tiranía, en fin, contra la que ha sido siempre absolutamente lícita cualquier rebelión. Pues la ausencia de la ley o la aplicación de ésta en desigualdad, hunde a los ciudadanos en esa misma y aborrecible desigualdad que es, en esencia, contraria al verdadero espíritu democrático consagrado en la vigente Carta Magna. Toda acción del Gobierno que fomente la desigualdad entre los ciudadanos, mediante la abolición o modificación de las leyes, para que éstas beneficien a unos grupos sociales sobre otros, no puede interpretarse sino como un ejercicio de verdadera y execrable traición.

Hemos preguntarnos: ¿dónde estará la Fiscalía cuando esto pueda suceder? ¿Será la Judicatura verdadero amparo del Estado de Derecho? ¿O no?