Iglesia y Estado

HACE unos días se ha celebrado una entrevista entre el presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, y el cardenal Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal. Es bueno que hablen porque en la última legislatura parlamentaria, la primera de Rodríguez Zapatero, han sido muy tensas las relaciones del Gobierno con la Iglesia Católica. Por parte del Gobierno y del Estado, el matrimonio de homosexuales, el divorcio exprés, la Educación para la Ciudadanía, la manipulación genética con embriones humanos. Por parte de la Iglesia se produjeron acontecimientos tan importantes como la manifestación en la Plaza de Colón, en la que hubo discursos eclesiales críticos con el Gobierno, y las críticas constantes de la emisora COPE al Gobierno.

En el ordenamiento jurídico español, las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica han tenido rango constitucional y en dos constituciones la regulación de estas relaciones ha sido totalmente contrapuesta. En el preámbulo de la Constitución de Cádiz de 1812 se decía que "en el nombre de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, autor y supremo legislador de la sociedad, las Cortes Generales y extraordinarias de la Nación Española… decretan la siguiente Constitución política para el buen gobierno y recta administración del Estado". El artículo 12 decía que "la religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas y prohíbe el exercicio de cualquier otra".

Por el contrario, la Constitución de la II República, de 1931, regulaba la cuestión de forma completamente opuesta. En el artículo 26 se establecía que "el Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, ni favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas" y añadía que "una ley especial regulará la total extinción, en el plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero". En el mismo artículo se establecía que "quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas que estatutariamente impongan además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por las Cortes Constituyentes…". A continuación establecía las bases a que debía ajustarse la ley, una de ellas la prohibición de ejercer la enseñanza. El artículo 27 proclamaba la libertad de conciencia y que todas las confesiones podían ejercer sus cultos privadamente, pero las manifestaciones públicas de culto habrían de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.

Así como en la Constitución de 1978, el tema más polémico fue el de las Comunidades Autónomas, en la Constitución de 1931 lo fue el religioso. Fue en el debate cuando Manuel Azaña pronunció su famoso discurso "España ha dejado de ser católica" que le perseguiría toda su vida. Azaña reconoce que en España hay millones de creyentes pero el ser religioso de un país no es la suma numérica de creencias o de creyentes sino el rumbo que sigue su cultura. Julio Camba, el periodista parlamentario, dijo de este discurso que "la República ha procedido en la hipótesis de que España no era un país católico, sino un país oprimido por el catolicismo y si esta hipótesis no hubiera sido falsa, todo hubiera marchado como una seda".

Volviendo a nuestros días, quiero traer a colación la opinión del profesor Alfonso Lazo, que fue diputado por el PSOE en varias legislaturas. Refiriéndose a las últimas elecciones, dice que el anticristianismo de José Luís Rodríguez Zapatero diseñó una de las líneas estratégicas de la campaña electoral bajo forma de enfrentamiento directo con el clero y los obispos cayeron en la trampa. A su juicio, las últimas elecciones han sido un test de enorme importancia histórica al poner de manifiesto que, ahora sí, España había dejado de ser católica. Con todo, añade, José Luís Rodríguez Zapatero se equivocaría gravemente, igual que se equivocaron los políticos de la segunda República, si dieran a la Iglesia por finiquitada.

En mi opinión España no ha dejado de ser católica ni en la segunda República ni en las últimas elecciones generales, pero creo que se avecinan tiempos difíciles en las relaciones del Estado con la Iglesia Católica porque el anuncio de la ampliación de los motivos de aborto, el aumento de la laicidad y la regulación de la llamada muerte digna, enfrentarán a la Iglesia con el Gobierno. Deberán tener en cuenta que el Gobierno, la Iglesia Católica y las demás confesiones trabajan por el bienestar de los mismos ciudadanos y que sus relaciones respecto a ellos deben ser de colaboración como dice el artículo 16 de la Constitución y no de enfrentamiento y cuando surjan diferencias, procurar superarlas de la mejor manera. La Iglesia Católica y las demás confesiones tienen derecho a expresar públicamente su doctrina pero también deberán comprender que no siempre su pensamiento puede imponerse en la ley civil.