Sánchez volvió a pronunciar en Granada la palabra amnistía 78 días después de hacerlo por última vez. Entonces fue para negarla en la víspera de la jornada electoral del 23 de julio. Le preguntó Silvia Intxaurrondo: “Estamos hablando de los pactos con los partidos nacionalistas. ¿Les daría a cambio un referéndum o una amnistía?” Y contestó Sánchez: “No. Aparte de que no es algo futurible, es que ya llevo cinco años gobernando. Es que el independentismo pedía la amnistía y no la ha tenido. Lo que han tenido son indultos condicionados, donde se han mantenido las penas de inhabilitación al ejercicio de cargo público de algunos de los líderes del llamado procès”. Ahora, en Granada, ha dicho que “la amnistía no deja de ser una forma de tratar de superar las consecuencias judiciales de la situación que vivió España con una de las peores crisis territoriales de la historia de la democracia en el año 2017”.

24 horas antes el secretario general del PSOE sevillano decía: “Lo hicimos en el año 77 y era de muchísima más envergadura de lo que estamos hablando… Fue una ley [la de amnistía] que posibilitó cerrar una etapa muy complicada en España después de 40 años de dictadura. Y hubo una altura de miras, de todos en general, pero de la izquierda en particular, que se dejó muchas cosas en el camino por la democracia y la libertad de España. Si ahora, en un planteamiento de este tipo, apartamos los temas jurídicos, la política con mayúscula juega el papel que tiene que jugar, por qué no nos damos entre todos una oportunidad… Los problemas políticos han de solucionarse con la política, y los problemas jurídicos con lo jurídico”.

Si sus palabras bastan para calificarlos, también lo hacen sus silencios. No pronuncian “amnistía”. Dejan que otros repitan la palabra hasta que la consideran digerida, y entonces la defecan. Callan que el Damasco que les ha revelado las bondades de la amnistía son los votos que Sánchez necesita para lograr la investidura, lo que explica la paradoja de que en su momento de mayor debilidad en las urnas tras el 23-J el independentismo haya encontrado su mayor fuerza en la necesidad de Sánchez, llegando al extremo desquiciado de invocar la Ley de Amnistía de 1977 –igualando de alguna forma la transición de una dictadura a una democracia y el ataque secesionista a una democracia– para justificar esta vergüenza cuya única finalidad es la investidura.