E L próximo martes, el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, presentará en la Ciudad de la Justicia la memoria anual de actividades y funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del año 2021 en relación con la provincia de Córdoba. Es de suponer que añadirá algún dato nuevo a lo que ya se ha dicho esta semana en relación a esa memoria y que muestra que los distintos juzgados cordobeses acumulan un total de 4.298 sentencias penales sin ejecutar.

Esto es, personas que han sido condenadas por distintos delitos, que pueden ir de los malos tratos al tráfico de drogas o la seguridad vial, y que se encuentran pendientes de que se ejecute su sentencia por falta de recursos humanos y materiales para su control. La obligación de los magistrados es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, aunque esta última labor se queda a medias por el embudo existente.

El estudio del TSJA evidencia una explosión de litigiosidad en 2021 tras un año anterior de duras restricciones por culpa del covid-19. Especialmente saturados se encuentran los juzgados de Primera Instancia, Familia y Mercantil, de manera que el alto tribunal propone que se creen otros tres órganos en Córdoba, uno por cada una de estas jurisdicciones. La cuarta demanda se refiere a un magistrado de lo Civil para la Audiencia Provincial.

Pero más allá de los datos, la sensación que queda en la ciudadanía es que cada año salen a la palestra los mismos problemas y que nadie le pone solución al funcionamiento de un sistema que parece anticuado pese a ser uno de los tres poderes del Estado. Año tras año, el máximo responsable del TSJA, Lorenzo del Río, reclama a los otros poderes -legislativo y ejecutivo- las leyes, regulaciones y medios necesarios para salir de ese atasco judicial que se ha convertido en una espiral sin salida. Pero se ve que no hay nada que hacer. Además, la litigiosidad en Andalucía es un 8% superior a la media estatal. Con 144 asuntos judiciales por cada 1.000 habitantes, la comunidad tiene la segunda cifra más elevada de España.

¿Y cuál es la solución? Pues según Del Río, aplicar cambios para reducir la judicialización de la vida diaria y aliviar la carga con servicios previos de mediación o diálogo. Es decir, aplicar de forma más eficaz y sistemática los mecanismos que permitan a los ciudadanos evitar el proceso judicial, con todos los trámites, instancias y recursos que lleva aparejados.

La cuestión es que ello requiere concienciar a la población para explorar otros caminos antes de llegar al pleito judicial. Sobre el papel todo eso está muy bien, pero lo que ya no está tan claro es quién asume ese trabajo de convencimiento al ciudadano y con qué medios, sobre todo en un sistema en el que los poderes ejecutivo y legislativo nunca han prestado excesiva atención a la Justicia.