Análisis

Ramón Vargas-Machuca

El estado de salud de la Constitución

España es aún una democracia pero en su ejecutoria como Estado de Derecho muestra síntomas preocupantes”

Estas reflexiones están pensadas con hondura, por oficio, pero voy a expresarlas sin miramientos en lo que considero, llegados a la situación actual, un combate moral y político, metafóricamente hablando a vida o muerte, entre la democracia y uno de sus enemigos: el separatismo.

Como se observa hoy, el golpe institucional perpetrado en Cataluña en octubre de 2017 fue “una flecha envenenada que ha hecho diana en el centro mismo de nuestra convivencia nacional”, en palabras de Fernando Savater. Y ha evidenciado que el escudo de protección de nuestro régimen, el que refrendamos hace 45 años, se encuentra hoy en un estado serio de fragilidad y vulnerabilidad.

Pues bien, este es el presupuesto moral, político e institucional del que parte mi posición y que he explicado a mis alumnos durante decenios: democracia tomada en serio no hay otra sino la democracia constitucional, esa que el 6 de diciembre de hace 45 años refrendamos los ciudadanos de España y todos sus territorios con una altísima participación y un gran asentimiento.

Y es que, permítanme el recordatorio, hay democracia allí donde una comunidad política constituida, la nación española, se sustenta en una ley común cuyo principio moral es el repertorio de los derechos humanos y cuyas instituciones jurídico-políticas se configuran como Estado de Derecho. Democracia no hay otra.

En estas últimas semanas se ha vuelto a repetir desde entornos gubernamentales la sandez que airearon en su día los autores del golpe separatista y sus voceros: “El desafío separatista no se resuelve con la ley sino con la política”. Al contraponer legalidad y política se está obviando una evidencia y es que si la ley no rige, la pugna política se convierte en un campo de Marte, en otra cosa muy distinta a la democracia. Apelar a la democracia y prescindir de algunos de sus elementos constitutivos resulta un contrasentido, una ensoñación que casi siempre acaba en pesadilla o en un régimen autoritario de poder. Hay que ser libres gracias a las leyes y no contra ellas.

Repito el abecedario democrático: de acuerdo con el marco institucional de un Estado de Derecho se establecen las atribuciones del Estado y los ciudadanos y se instituye la representación política como cauce principal y garantía de la participación política. Ningún otro experimento participativo, ningún sentido de pertenencia o rasgo identitario pueden anteponerse a los deberes y derechos que dimanan de esta forma de contrato social. Estos distintivos hacen moralmente valiosa a una comunidad política y permiten reconocerla como una democracia tomada en serio.

Finalmente, y aunque el precio que se está pagando por la investidura del presidente Sánchez comienza a ser insoportable, España es todavía una democracia, aunque muestra síntomas muy preocupantes en su ejecutoria como Estado de Derecho. Y eso conduce a comportarse como una democracia defectuosa y a la postre fallida. Este desenlace sería, sin duda, una tragedia para nosotros, para España pero también un gran descosido para la Unión Europea. Claro que nuestros males no son de ahora porque vienen de atrás. No se supo o no se quiso ver a tiempo. No se atendió a las advertencias que se hicieron en su día, hace muchos años, dentro del Partido Socialista y desde los medios de comunicación.

Y concluyo estas reflexiones reproduciendo un comentario de un periodista conspicuo que describía hace muy pocos días de manera expresiva la espiral de desvaríos en la que estamos envueltos: “¿Qué grado de imaginación y de enajenación mental hubiera requerido sostener hace un par de meses que el porvenir de la legislatura española se decidiría en un despacho de Ginebra con el arbitraje de un mediador salvadoreño? ¿Cómo íbamos a creernos que el secretario de Organización del partido en el Gobierno y la representante de la quinta fuerza política de Cataluña recurrirían al hermetismo de un enclave extracomunitario para velar por la amnistía y el proceso de autodeterminación en presencia de un experto en conflictos armados, crisis terroristas y guerras de narcotráfico?” (Rubén Amón, El Confidencial, 4 de diciembre de 2023).

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