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Análisis

José Ignacio Rufino

Los rascacielos de la vergüenza

El Tribunal Supremo obliga al 'Govern' valenciano a demoler y pagar sus componendas público-privadasLas grandes crisis son precedidas por la erección de edificios megalómanos

En 2014, más o menos a la salida de la Gran Crisis del XXI, se inauguraban en el mundo rascacielos de récord. Ha sucedido lo mismo con los primeros grandes bloques de pisos del planeta, que se erigieron en Estados Unidos: desde el Singer hasta el Empire State y después a las Petronas o los alucinantes proyectos de Arabia se ha dado una curiosa coincidencia entre su construcción y la emergencia de una crisis: la premonitoria del pánico financiero de 1907, el crack del 29, la del petróleo de los 70, la asiática previa a la puntocom de 2000, la más reciente que aún colea. Los grandes edificios señeros de cientos de plantas -no sólo en Estados Unidos- se han levantado al calor de la exuberancia y el dinero caliente y a la postre falso. Hubo personas de poder inenarrable que vieron la oportunidad de dejar su huella como próceres y, de su mano, como arquitectos ególatras tocados por la suerte, convencidos de ser grandes hombres. Hombres, claro, y evito elaborar la componente fálica que, quién puede dudarlo, está detrás de tanta torre de Babel destinada a envejecer mal ante la erección de alguien -de algo, un edificio-que la tiene más larga y es más joven. Entremos, sí, en disquisiciones sobre la enorme diferencia que existe entre la megalomanía pagada con fondos públicos y los que costean una grandiosa corporación o un Tío Gilito contemporáneo que no sabe qué hacer con los dineros del petróleo o de cualquier otro negocio galáctico. La vanidad fatua que se afana en dejar huella que ya se menciona en el Antiguo Testamento.

Esta semana, el Tribunal Supremo ha obligado, finalmente y tras varios recursos, al Govern valenciano a derribar dos torres de este tipo en Benidorm, localidad turística babélica donde las haya. El caso es escandaloso. El contribuyente debe cargar con la negligencia administrativa o, ¡ay!, la pura corrupción política que otorga prebendas ilegales a cambio de comisiones personales o mordidas partidistas: una vergonzosa historia más de nuestra reciente historia. La demolición correrá a cargo de la autoridad pública, que además deberá compensar a los promotores y propietarios de los rascacielos que consiguieron la licencia de construcción de inmuebles desaforados que se sabía de antemano que colisionaban con la regulación urbanística. Paga el pagano contribuyente, quedan exentos de cargas los políticos negligentes o corruptos y las empresas y entidades que obtuvieron los permisos. En este caso, de Benidorm, 100 millones de indemnización a los propietarios de los rascacielos y no se sabe cuántos más por demoler y desescombrar. Una vergüenza que simboliza el modelo de promiscuidad público-privada de muy españolas maneras que caracteriza la gran crisis a la española que estalló a eso de 2007.

Los de Benidorm no son rascacielos como los de Dubái o Bahréin: tienen sólo 22 plantas. Pero no es ésta la única diferencia. Hay otras. Por ejemplo, que en esos países lejanos, como también sucede en una China que erige hasta el cielo toneladas de acero y hormigón, el poder político es también dueño de lo privado en mayor o menor medida, pero en gran medida. O sea, esos países no son democracias donde los políticos son votados para regir las cosas publicas bajo mandatos dependientes de elecciones. Todo esto nos mueve a recordar aquello que dicen que dijo Josep Pla cuando el barco en el que arribaba a la Nueva York del skyline: "Pero esto, ¿quién lo paga?". Ya lo vemos: lo pagamos usted y yo y nuestros hijos; lo paga la gente con sus impuestos o, lo que es lo mismo, la gente que verá mermadas sus coberturas sociales y las infraestructuras en verdad necesarias para el desarrollo de las ciudades y el bienestar de sus habitantes. Tíos Gilitos con el dinero de otros.

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