El plan de choque de Pedro Sánchez sirve para aliviar el sufrimiento causado por la crisis energética, no para eliminar sus causas. Como ocurre con el efecto placebo, el alivio no procede de las cualidades intrínsecas del medicamento, en este caso del plan, sino más bien de las expectativas y creencias del paciente y del ritual de la propia experiencia clínica. El plan de choque de Sánchez es tardío e insuficiente para hacer frente a los efectos, e inadecuado para combatir las causas de la gran crisis energética del siglo XXI. Pedro Sánchez pretende aliviar el dolor y calmar la tensión social, acompañando el plan con un relato épico y esperanzador.

De los 16.000 millones de euros del plan, 10.000 son avales públicos del ICO. Sólo en el caso de impago serían soportados por el presupuesto público. Su utilidad es dudosa cuando todavía están pendientes de disposición 35.000 millones, de los 140000 millones de la línea ICO. Al capítulo de ayudas directas se asignan 6.000 millones de euros, un alto porcentaje soportado por las empresas suministradoras y comercializadoras y por los recursos liberados por la actualización del régimen retributivo de producción de energía eléctrica a partir de energía renovables, por un valor aproximado de 1.800 millones de euros. De la bonificación a todos los ciudadanos de 20 céntimos por litro de combustible, 5 céntimos los asumen las petroleras. Bonificación que no llega a compensar los 80 céntimos que ha subido el precio de los carburantes. Tampoco hay reducción de impuestos, ya que el plan se limita a prorrogar la rebaja impositiva aprobada durante la pandemia (IVA al 10% para pequeños consumidores, reducción del impuesto especial a la electricidad hasta el 0,5% y suspensión del impuesto a la generación eléctrica). Todas las medidas son temporales hasta el 30 de junio . La medida más efectiva, excepcionalmente y temporalmente autorizada a España y Portugal, es topar el precio del gas en la determinación del precio de la electricidad. Dentro de tres o cuatro semanas será aprobada por la CE si no altera el mercado eléctrico europeo. No obstante, el plan no es suficiente para aliviar el dolor de una inflación de casi el 10% a final de año. Con un déficit estructural superior al 4% y una deuda pública del 120% poco más se puede hacer.

Por lo demás se observa la excesiva influencia de la parte más radical del Gobierno al introducir medidas como la prohibición del despido objetivo a las empresas que hayan obtenido ayudas y el límite del 2% a la revalorización anual de los alquileres. Ninguna empresa va a solicitar una ayuda insignificante a cambio de la libertad de despido. En cuanto a la revalorización de la renta de los alquileres es una medida que corresponde negociar en el Pacto de Rentas solicitado por Pedro Sánchez a la patronal y los sindicatos. Esto ocurre porque que los dos millones de pequeños arrendadores no están suficientemente protegidos y representados.

Concluyendo, aliviados parcial y temporalmente los efectos de la crisis, el Gobierno tendrá que afrontar las causas con un plan de reformas estructurales, entre ellas las del sector eléctrico para hacerlo más eficiente, competitivo, y sostenible. acompañado de un plan de consolidación fiscal.