La deuda pública es una magnitud bastante invisible. Suele pasar desapercibida, salvo cuando un Estado corre el riesgo de ser intervenido: entonces emerge como un monstruo. Casi ni figura en el argumentario político, no es un asunto con tirón. Pero es una variable clave para valorar la salud de un Estado. Se mide en función del PIB, o sea, de la suma de todos los bienes y servicios producidos por un territorio en cada año. En la Eurozona, los “campeones” en deuda pública son Grecia (160% del PIB en 2023) e Italia (137%), seguidas por Francia (110%) y España (107%). Como para el nivel de colesterol, en la cuantía de la deuda hay un límite teórico de seguridad, el 100% del PIB. Es sólo un cociente, pero echa a pelear nuestro PIB con lo que debemos como Estado. Dos asuntos que no son del mismo negociado, pero se afectan, sobre todos a unas malas, cuando el entorno te cierra el grifo, y te prescribe cirugía de urgencia. Una familia, una empresa o un autónomo no podrán renovar o incrementar sus deudas bancarias si no van cumpliendo con sus obligaciones. Los estados cuentan con mayor bula, y en general son “demasiado grandes para quebrar”. De una forma u otra, los países demasiado endeudados acabarán por ser castigados. Una deuda creciente y permanentemente renovada es un hueso duro de roer.

La principal fuente de deuda es el déficit. Se asume que un país puede vivir en un tolerable desequilibrio entre lo que ingresa –sobre todo por la vía de los impuestos– y lo que gasta e invierte en sanidad, seguridad o defensa, educación, infraestructuras, adaptación al incontenible cambio tecnológico, pensiones también rampantes, protección social u otras obligaciones del Estado central, autonómico o local. Podemos decir que la madre de la deuda pública es el déficit público. Recordarán –correría 2010– aquel mantra malvado y cruel que achacaba a que “la gente vive por encima de sus posibilidades” el riesgo de intervención exterior de la troika (BCE, Comisión Europea y FMI, y por supuesto la banca privada como proveedor de liquidez). Se ocultaba con esa sentencia que los catalizadores de ese déficit familiar o privado eran las propias leyes liberalizadoras de casi cualquier suelo municipal, de la mano de la ligereza crediticia de una banca que se contrajo drásticamente desde 2008, cuando muchos castillos de naipes públicos y privados se vinieron abajo. En particular, casi todas las cajas de ahorro, con menos oficio bancario y demasiado politizadas, salvo excepciones. Pero mientras en una crisis grave los españoles y las empresas pequeñas y mediana son peces menores, los estados son grandes. Hasta que pesan demasiado y se ponen en el punto de mira de sus acreedores. Una espada de Damocles.

Durante los últimos años, las cuentas públicas cogieron color gracias a la inflación desbocada de los precios de la energía, y de ahí a todos los que pudieron repercutirlos. No es magia: el IVA y los impuestos especiales (carburantes y otros) que Hacienda recauda crecen si los precios crecen a corto plazo: una cuestión de porcentaje. No se aprovecharon las vacas gordas para amortizar la deuda tanto como debiera haberlo hecho un “buen padre de familia”, poética y vetusta expresión que abunda en nuestro Código Civil –o abundaba, no puedo asegurarlo–.

El único recurso para aliviar las cuentas –y casi ipso facto– no puede ser apretar más a las rentas medias a base de mayores impuestos directos e indirectos, tasas y multas. No olvidemos, sin embargo, que España crece con cierto brío. Y que los inversores españoles desean los bonos del Tesoro para su ahorro. Esa deuda se paga barata porque se considera segura. Pero hacer asumible la deuda pública es un deber gubernamental. El de un buen padre de familia.